La Provincia ya pagó más de 30 millones de pesos a los cesanteados de la última dictadura militar. En total, son más de 300 personas que recibieron este subsidio en el marco de la ley 5435, que establece un resarcimiento económico para los agentes de la administración que hayan sido dados de baja "sin justa causa durante gobiernos ejercidos sin el sistema democrático".
Este año se seguirán pagando más resarcimientos, a medida que la Dirección de Derechos Humanos (ente que funciona como autoridad de aplicación), corrobore que los inscriptos cumplen con lo que marca la norma. En total son cerca de 700 los anotados para recibir este beneficio.
La ley 5435 fue sancionada por la Legislatura a finales de 2014 y puesta en vigencia en abril de 2015, mediante un decreto de la gobernadora Lucía Corpacci. El beneficio se hizo efectivo luego de varios años de reclamos por parte de estos empleados que fueron dados de baja. La norma generó polémica en la Legislatura mientras fue su tratamiento, teniendo en cuenta que significaba un gasto importante para la provincia. Luego de la sanción de la norma y por la demora en su promulgación, un grupo de cesanteados realizó varios reclamos y protestas frente a Casa de Gobierno.
Según su articulado, la norma establece "el pago de un resarcimiento económico por única vez a favor de los agentes de la administración pública provincial y municipal que, por motivos políticos, hayan sido cesanteados, exonerados, forzados a renunciar y declarados prescindibles durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 9 de diciembre de 1983".
Requisitos
Para poder recibir este subsidio, las personas debían inscribirse en el "Registro Provincial de Reparación Histórica de Agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal", que fue creado dentro de la Dirección de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Los interesados debían presentar la documentación correspondiente que avale que fueron dados de baja. Además, era requisito indispensable para ser beneficiario tener más de un año como cesanteado.
La convocatoria para los posibles beneficiarios de esta ley se abrió cuando la ley se publicó en el Boletín Oficial y duró seis meses. En ese tiempo se inscribieron más de 700 personas.
Formas de pago
Una vez que la Dirección de Derechos Humanos corrobora la documentación presentada por cada uno de los cesanteados emite una resolución para que se le pague el beneficio. El órgano encargado de pagar el resarcimiento es la AGAP.
El pago consta de un sueldo de la categoría 18 perteneciente al escalafón general de la administración pública (sin considerar adicionales por función) por la cantidad de años transcurridos desde la fecha de su exclusión hasta su reincorporación. El monto a pagar no puede ser superior a los 10 sueldos.
Desde la AGAP destacaron que ya se les pagó o se le está pagando a más de 300 personas a las que la Dirección de Derechos Humanos le aprobó la documentación de las más de 700 que están anotadas en el registro. A más de 200 ya se les canceló la deuda.
Según informaron, todos los meses salen resoluciones de la Dirección y mientras van saliendo, se les va pagando, una vez que los beneficiarios abren una cuenta bancaria en el Banco de la Nación.
El pago se hace en cuotas de 8 mil pesos y en promedio cada beneficiario recibió cerca de 92 mil pesos que corresponden a ocho años de resarcimiento.
Entre los 700 inscriptos, también hubo personas que no pudieron justificar que fueron cesanteados y se les rechazó la solicitud de pago.
Para este año, está previsto que se sigan pagando resarcimientos, teniendo en cuenta que se consignó en el presupuesto general de la provincia el dinero correspondiente para este gasto.
700
Son las personas inscriptas en el Registro de Provincial de Reparación Histórica de Agentes de la Administración".
A más de 200 beneficiarios ya se les canceló la deuda.
$92.000
Es el promedio que recibió cada uno de los beneficiarios. Cada cesanteado cobró el sueldo de una categoría 18 por cada año que estuvo fuera de la Administración.