El Tribunal de Cuentas aceptó revisar el fallo condenatorio contra el ex ministro de Obras y Servicios Públicos en la gestión de Eduardo Brizuela del Moral, Juan Acuña, por la compra de los aerogeneradores. Sin embargo, rechazó un planteo del ex funcionario que solicitaba la nulidad del proceso en su contra, al afirmar que no se le permitió el correcto derecho de defensa.
El órgano de contralor había condenado a Acuña, junto al ex subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante; al ex director de Infraestructura energética, Eduardo Tomassi y a la ingeniera e inspectora de obra Carola Julieta Ramos Caro a devolver en forma solidaria $2.880.000, al corroborar varias irregularidades en la compra de los equipos que se compraron de segunda mano en España y fueron instalados en los cerros de Ancasti. Además, el TC había multado a Acuña, Assante y Tomassi con montos de $10.036, $8.832 y $7.629, respectivamente.
Los $2.880.000 a devolver, era el precio total que costó la fallida obra energética. Es decir, el TC consideró que todo el proyecto estaba envuelto en un sinnúmero de irregularidades y que los principales impulsores del proyecto debían devolverle al Estado, el daño que causó la iniciativa.
Luego de conocerse el fallo del TC, el abogado de Acuña, Daniel Ortega, presentó un escrito ante el organismo solicitando "la nulidad de la causa" desde el inicio del proceso. El letrado justificó su pedido en que su representado "no pudo ejercer materialmente su derecho de defensa en juicio", por cuanto las notificaciones realizadas a Acuña, "fueron realizadas en direcciones que no correspondían al domicilio real" del ex ministro.
$10.000.000
Es el costo que tendría la obra de los Aerogeneradores a valores actuales. El sumario del TC se inició en 2009 en base a una denuncia presentada por los entonces diputados Fidel Sáenz y Miguel Figueroa.
Según Ortega, la dirección donde el TC enviaba las notificaciones, ya no es usada por el ex funcionario. Es que al momento de dejar el cargo de ministro, Acuña dejó la vivienda con la dirección que tiene el Tribunal y actualmente reside en la provincia de Santa Fe.
El Tribunal rechazó el planteo de Ortega, al detallar que, en base a la ley Orgánica del organismo, las personas que son investigadas, deben fijar sus domicilios en el radio del organismo, al menos en un primer momento. De lo contrario, se toma como lugar de notificación los mismos estrados del Tribunal.
Agregó, además, que Acuña nunca denunció un nuevo domicilio para recibir las notificaciones y que el organismo debió recurrir al padrón electoral de la provincia para encontrar una dirección del ex ministro.
Por último, el TC advierte que Acuña y su letrado han respondido en tiempo y en forma a la notificación del fallo condenatorio. Es decir, a pesar de que Acuña diga que no le llegan las notificaciones porque no vive en el domicilio que figura en el TC, está al tanto de todo el proceso en su contra.
Posteriormente y en cuanto al pedido de revisión del fallo, el organismo sí le da lugar al planteo, al resaltar que el ex ministro presentó "documentación probatoria susceptible de análisis", la cual es agregada al expediente, "cuya valoración podría modificar la condena".
De acuerdo con lo que pudo conocer este diario, con la aceptación del pedido de Acuña, el proceso vuelve a abrirse y su análisis podría durar varios meses hasta que se vuelva a emitir un nuevo fallo.
En la resolución condenatoria del TC, el organismo descubrió varias irregularidades que no solo comprometían a los ex funcionarios sino también a la empresa que vendió los equipos CM Sudamericana. Así por ejemplo, se cuestiona que los aparatos se hayan comprado en el marco de "una emergencia energética", cuando deberían haber sido adquiridos por un llamado a licitación. Como asimismo que en ese momento (2008) equipos de las mismas características se conseguían a 35 mil euros, mientras que los que se compró fueron adquiridos por 57 mil euros cada uno, es decir, "se pagó un exceso de 88.000 euros".