Ya está todo listo para que el próximo miércoles comience el juicio oral y público de la causa conocida como el "megafraude en Desarrollo Social".
La causa, que se iniciará en base a una investigación de El Ancasti en el año 2004, lleva más de 13 años en los pasillos de la Justicia a la espera de ser resuelta. Es que durante todo el proceso tuvo apelaciones y planteos por parte de los abogados defensores que retrasaron el juzgamiento.
En esta investigación se busca a los responsables de la triangulación entre Desarrollo Social, el Ministerio de Hacienda y dos fundaciones que cobraron alrededor de $5 millones por el supuesto dictado de cursos de capacitación.
Entre los imputados se encuentran el ex secretario de Desarrollo Social de la primera gestión de Eduardo Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, junto a otras 9 personas.
El juicio se concretará en la Cámara Penal 1 y el tribunal encargado de llevar adelante el proceso está conformado por los jueces Fernando Esteban y Carlos Roselló. El tercer juez es Fabricio Gershani Quesada, que se encuentra subrogando a Roberto Dionisio Mazzucco.
El fiscal de Cámara, Jorge Silva Molina, contará con el acompañamiento de su par Ezequiel Walther, quien intervendrá como co-ayudante, ya que participó en la investigación de la causa.
Debido al tiempo que transcurrió y la cantidad de material que se recolectó en todos estos años, la causa se compone de 10 mil fojas distribuidas en 47 cuerpos. En ese marco y teniendo en cuenta la complejidad del caso, se prevé que el debate se prolongue por varios meses.
De acuerdo con lo que pudo saber este diario, la Cámara analizó en un momento buscar otro lugar para realizar el juicio. Es que el espacio donde normalmente se desarrollan los debates podría quedar "chico", teniendo en cuenta la cantidad de imputados y de testigos previstos para declarar. Esta idea, en principio, se descartó.
De igual forma, la defensa de los imputados tiene aún la posibilidad de impugnar el proceso. Por lo que su inicio no es del todo seguro.
Además de Córdoba Molas (por 24 hechos en concurso real en calidad de autor; 17 hechos de falsificación de material de instrumento público en concurso real en calidad de autor), también están imputados: el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, acusado por 24 hechos en calidad de partícipe necesario; el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante, por 13 hechos en concurso real en calidad de autor; y el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, por 11 hechos en concurso real en calidad de autor. La imputación alcanza también a una ex empleada de Desarrollo Social (24 hechos) en calidad de partícipe secundaria.
Además, están implicados algunos ex funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda y que habrían colaborado en la trama para favorecer los pagos: María Cristina Barros de Voget por 24 hechos en concurso real en calidad de partícipe secundaria; Guillermo Alberto López por 24 hechos como partícipe secundario; Liliana del Valle Jalil de Barrera, por 24 hechos como partícipe secundaria; Susana Beatriz de la Colina por 24 hechos como partícipe secundaria y el ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios por 24 hechos como partícipe secundario.
