Diputado provincial Francisco Monti (LLA)
El diputado provincial Francisco Monti (LLA) cuestionó la falta de independencia judicial en Catamarca y planteó una profunda reforma del sistema tributario provincial, al sostener que la provincia tiene condiciones para eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos y recuperar competitividad económica.
Monti lanzó fuertes cuestionamientos al funcionamiento institucional de Catamarca y puso el foco en la necesidad de reconstruir la independencia del Poder Judicial. "En Catamarca hay Poder Judicial, pero no hay justicia", afirmó, al advertir que actualmente no existirían garantías suficientes para resolver conflictos entre ciudadanos comunes y sectores de poder.
En ese sentido, sostuvo que la provincia necesita mucho más que la creación de un Consejo de la Magistratura: "requiere reconstruir un sistema institucional que garantice jueces independientes, con capacidad y conocimiento para actuar sin condicionamientos", sostuvo. Monti vinculó este escenario con la actual conformación de la Corte de Justicia y la derogación del Consejo de la Magistratura, decisiones que, según consideró, representan un retroceso institucional.
Por otra parte, el diputado defendió una propuesta fiscal que calificó como “muy agresiva”, pero económicamente sustentable, y planteó la posibilidad de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos. Según su argumento, Catamarca cuenta con una ventaja estructural respecto de otras provincias para avanzar en esa dirección, debido al peso relativamente menor que este tributo representa. Para Monti, el tributo constituye "uno de los principales obstáculos para la competitividad de las empresas y los emprendimientos productivos".
"Catamarca necesita recuperar la calidad de sus instituciones y avanzar hacia un modelo que reduzca la carga impositiva, genere condiciones para invertir y permita que tanto las grandes empresas como los pequeños emprendedores puedan desarrollarse", opinó.
En esa línea, consideró que la política económica provincial debe contemplar tanto las grandes inversiones mineras como los pequeños emprendimientos locales, y apuntó a "una visión económica en la que la inversión, la seguridad jurídica, la independencia judicial y la reducción de la presión tributaria deben funcionar de manera articulada".
