El juez federal Ricardo Moreno emitió una resolución por la que deja sin efecto el pedido de suspensión de la actividad minera en los yacimientos de Bajo La Alumbrera y Bajo El Durazno. En ese marco, autoriza a la empresa a reanudar la actividad productiva de manera inmediata.
Además, dispone la designación de personal técnico de la Gendarmería Nacional Argentina a los efectos de la toma de muestras para la realización de pericias in situ, con el debido control de las partes, la que deberá realizarse en un término de 20 días.
En general, Moreno consideró que el Estado cumplió con los controles ambientales y que la empresa presentó pruebas suficientes para acreditar la contratación del seguro ambiental.
El jueves a la tarde llegó a Catamarca el expediente proveniente de la Cámara Federal de Tucumán que el pasado 10 de julio había ordenado suspender la actividad minera.
En los fundamentos de la sentencia que revierte la medida, Moreno subraya la incorporación de elementos de prueba que no habían sido valorados por la Cámara Federal al dictarse la medida cautelar. Esos elementos se refieren a controles posteriores a los informes que fueron tenidos en cuenta para dictar la cautelar.
Moreno consideró que debe darse especial relevancia a las resoluciones emitidas por la Secretaría de Minería, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley de Protección Ambiental para la actividad minera.
“De ello se deriva que se han tomado las medidas necesarias para la protección del medio ambiente”, señala y menciona las resoluciones aprobatorias de los informes de impacto ambiental desde 1999 hasta la fecha.
En esa línea concluye que la actividad minera llevada a cabo por la empresa fue objeto de controles periódicos por parte de la autoridad de aplicación y se emitieron diversas resoluciones aprobatorias de los informes de impacto ambiental y sus correspondientes actualizaciones bianuales.
También menciona las conclusiones a las que arribó el Servicio Geológico Minero que determinó que en el cauce del río Vis Vis no hay una modificación del contenido natural de sus constituyentes que pudiera derivarse de la actividad de Bajo La Alumbrera.
“La medida precautoria cuestionada se ha tomado teniendo en cuenta un informe pericial que data del año 2008, que tiene como origen una tesis de maestría del año 2002, con una información del año 1999, circunstancia que no reflejaba la situación actual de la actividad de control ejercida por el Estado provincial", indica.
"Las resoluciones analizadas acreditan a prima facie el cumplimiento del control en materia ambiental por parte de la autoridad de aplicación en resguardo del medio ambiente", consigna el juez.
En otro punto manifiesta que la empresa acreditó haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño. Este había sido otro de los puntos que tuvo en cuenta la Cámara Federal al momento de dictar la cautelar.
Tras la realización de las pericias, el juez federal deberá resolver la cuestión de fondo, es decir, si la actividad minera produjo contaminación ambiental en la cuenca del Vis Vis.
"Quedó demostrado que actuamos correctamente"
El ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, destacó la normalización de las actividades de producción en el yacimiento Bajo La Alumbrera a partir de la documentación aportada por el Gobierno.
Saadi dijo que "quedó claramente demostrado que actuamos correctamente, porque de manera constante el Estado realiza controles a través de los organismos competentes: el cuidado ambiental es prioritario para Catamarca, y verificamos la situación en forma permanente. Y me parece oportuno felicitar a todo el equipo de técnicos que llevan adelante los estudios, desde geólogos y químicos hasta el último ayudante, porque han demostrado una capacidad y un nivel de compromiso extraordinario".
"La Provincia pone el acento desde el primer día en la preservación del medio ambiente, y aquí no hay margen de polémica porque todos los informes de impacto ambiental llevan a un mismo resultado, lo que demuestra que puede desarrollarse la actividad de modo responsable, en armonía y un sano equilibrio entre la producción minera y el entorno natural", sostuvo.
El ministro consideró que "esta decisión judicial es muy alentadora, porque en primer lugar garantiza los puestos de trabajo de quienes ya están empleados, y por otra parte ofrece un marco de seguridad jurídica y garantía para futuros emprendimientos, muchos de los cuales ya están en etapa de exploración. Y debe quedar claro que con cada emprendimiento estamos hablando de trabajo para más compovincianos".
"Estuvimos muy atentos a la situación judicial que se había planteado, y obramos como debíamos hacerlo, con seriedad y responsabilidad", señaló el ministro para añadir que "era una cuestión judicial que debía resolverse en ese ámbito, tal como sucedió".
Con respecto al rol de la Provincia, dijo: "Actuamos en silencio porque creemos que cuestiones de esta magnitud no deben politizarse, y por otro lado teníamos la plena certeza de la calidad de los trabajos de control que venimos realizando hace años".