El juicio político en contra del fiscal Roberto Mazzucco (h) se reanudará hoy a las 8.30 en la Escuela de Capacitación Judicial con el testimonio de tres personas que habían sido convocadas el jueves pasado, y cuyas declaraciones se suspendieron por el incidente ocurrido con el padre del acusado, el juez Dionisio Roberto Mazzucco. Aún restan relatarse tres hechos, y resolverse la convocatoria de nuevos testigos. Hasta el momento, solo un testigo aseguró que pagó coimas en persona al fiscal.
Edgardo Acuña (ex empleado de la Fiscalía Nº9), Gustavo Carrizo (empleado de la Fiscalía, actualmente de licencia) y el abogado Herman Zalazar deberán presentarse nuevamente ante el jury, mientras que lo harán por primera vez los abogados Enrique Lilljedahl (h), Antonio Acuña, y el fiscal de Instrucción Nº4, Ezequiel Walther (que compartía la Unidad Fiscal Criminal con Mazzucco). Todavía no se definió si los abogados Luciano Rojas y Miguel Leiva serán citados, conforme al pedido del fiscal Gustavo Bergesio.
No se descarta la posibilidad de convocar nuevamente a Eduardo "Gallego" Romero, sindicado como el "recaudador" de Mazzucco en el este provincial.
Hasta el jueves se relataron tres de los seis hechos por los que el fiscal debe responder en el banquillo. El primero fue el caso de Oscar Ovejero, un ciudadano de Los Altos, quien había denunciado un robo de $500.000 en 2013. Por este caso, Mazzucco es cuestionado por haber solicitado al denunciante una suma de dinero a cambio de cumplir con su función, y también por detener y mantener privado de la libertad a uno de los imputados, Hugo Orlando Soto. En su declaración, Ovejero contó que pagó personalmente $20.000 al fiscal Mazzucco y en dos cuotas: la mitad en su despacho, y el resto en una playa de estacionamiento.
En segunda instancia, el empresario Carlos Jorge Vera cargó contra Mazzucco y también contra el fiscal Nº1, Víctor Figueroa, en el marco de una denuncia que hizo en 2014 contra el empresario Walter D'Agostini y Autovía S.A. Vera relató que contrató al abogado Luciano Rojas y que éste le pidió $25.000 mil para avanzar en la imputación a D'Agostini. El testigo reconoció que pagó $10.000, pero que luego le pidieron otros $40.000. Aunque no vinculó directamente a Mazzucco, dijo que Rojas consultaba el pedido con el fiscal. En el marco de este episodio, el abogado Fernando Contreras testificó y salpicó también a otros abogados.
Por último, Carlos René Cancino y Vicente Arés declararon en el marco de una orden de desalojo librada por el fiscal por una supuesta usurpación de un inmueble ubicado en el paraje La Tusca, de la localidad de Alijilán, departamento Santa Rosa, y aseguraron que el fiscal recibió una coima de $150.000 para dar esa orden.
A su turno, el fiscal Figueroa desnudó la interna que existía dentro de la entonces Unidad Fiscal Criminal, que integraban el propio Figueroa, Mazzucco y Walther, y reconoció que no había buena relación con este último.
Piden mesura
El Colegio de Abogados expresó su preocupación por el procedimiento y pidió "prudencia, ecuanimidad y mesura" al Tribunal, al tiempo que solicitó que se le remitan las actuaciones necesarias a los fines de analizar posibles sanciones a los involucrados. Lo hizo mediante una solicitada, cuyo texto completo puede leerse en la página 11 de esta edición.
Aclaración de Zitelli
El presidente de Editorial Capayán S.A., Silvestre Zitelli, aclaró: "Frente a manifestaciones vertidas por el fiscal Roberto Mazzucco a través de distintos medios periodísticos, considero necesario informar que no tengo el honor de mantener una relación de amistad ni vínculos de otra naturaleza con el presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, Dr. José Ricardo Cáceres, a quien no obstante respeto personal y profesionalmente. Las aseveraciones del doctor Mazzucco, cuyos motivos desconozco, no se ajustan a la verdad y corren por su exclusiva cuenta".
Restan testigos de tres hechos
Se cuestiona al fiscal por llevar adelante una investigación paralela en el marco de una causa por administración fraudulenta en perjuicio de una empresa periodística. La causa tramitaba además en la Fiscalía Nº4 de Ezequiel Walther.
Otro hecho se vincula con la violación de normativa de la Corte relativa a los vehículos secuestrados en causas penales. Allí se establecía que no se autorizaría la devolución de automotores que tengan adulteraciones o que aparezcan como vehículos mellizos. Por esa situación, la Corte inició un sumario contra Mazzucco por la entrega provisoria de un camión secuestrado con numeración adulterada, en julio de 2014. La entrega se produjo tres años y medio después de la fecha de secuestro, por lo que se encontraba excedido el plazo de seis meses que fija la acordada de la Corte. Se considera que el vehículo se encontraba secuestrado bajo la órbita de otro representante del Ministerio público fiscal.
El pedido de jury realizado por la Corte en 2016. José Ricardo Cáceres, Raúl Cippitelli y Amelia Sesto de Leiva presentaron el pedido contra Mazzucco basados en declaraciones periodísticas del fiscal, que los acusó de persecución por haberle aplicado una sanción. Mazzucco había vinculado esta medida con la imputación que realizó en 2015 al ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral (FCS) en el marco de la causa de la tragedia de El Rodeo.
