Docentes, investigadores, estudiantes, trabajadores, militantes de Derechos Humanos, personalidades de la cultura e integrantes de organizaciones sociales y políticas emitieron una declaración en la que cuestionan duramente las declaraciones del secretario de Seguridad, Marcos Denett, avalando la "justicia” por mano propia a partir de apreciaciones respecto del homicidio de Gastón Castro
"Las aberrantes declaraciones de Denett, indignan pero no sorprenden, pues a poco de asumir ya impulsó un proyecto de Ley de Seguridad que pone el acento en la criminalización de la juventud y el fortalecimiento de la policía brava de Catamarca y la mano dura con medidas que atentan contra las libertades democráticas, en nombre de la defensa de la propiedad privada, considerando ésta más valiosa que la vida misma”, empieza el documento que cuenta con 66 firmas.
"Así también el consorcio de legisladores de Cambiemos y el Frente Cívico y Social, atizan la peligrosa situación provincial, exigiendo un plan de mayor "mano dura” para lo cual citaron a Denett a la legislatura provincial. Estas declaraciones y política del conjunto del régimen se dan en el marco de un fuerte ajuste sobre el pueblo trabajador, con miles de suspensiones, despidos, rebaja salarial, represión y persecución a los trabajadores que protestan y se organizan contra esta política económica, como el caso de los trabajadores de Obras Públicas en diciembre del año pasado donde los reprimieron por pedir un bono de navidad y las amenazas de muerte recibidas por la dirigente de la Secretaría de Agricultura Familiar (ATE-SAF) Melina Sochi”, continúa.
Más adelante indica que "preocupa la escalada represiva a nivel nacional, como se pudo ver el día del paro nacional convocado por la CGT y en Santa Cruz contra los docentes que manifestaban contra la gobernadora por el no pago de salarios y rebaja salarial”.
"Las vergonzosas declaraciones del responsable de la Secretaría Democrática de Seguridad de Catamarca no son de todos modos una nota de color en el panorama político que atravesamos. Mantienen clara sintonía con la política nacional que impulsa la criminalización de la protesta y la pobreza, que culpabiliza el incremento de la violencia social al consumo de drogas, eliminando con ello toda responsabilidad del Estado respecto a la pauperización de la población y en particular a la salida que muchos jóvenes hallaron en la comisión de delitos, para sobrevivir", finaliza el escrito.