La diputada Silvana Carrizo (FCS) presentó ayer una denuncia por el pago de sobreprecios y otras irregularidades en la construcción de la residencia universitaria que el Gobierno inauguró en 2015.
La legisladora fundamentó que se produjo el desdoblamiento en múltiples contrataciones de la obra para evitar el llamado a una licitación pública y, de esa manera, favorecer a un grupo de empresas constructoras.
"Se fraccionaron en múltiples e injustificadas contrataciones con la finalidad de eludir la aplicación de los montos del sistema de selección que los hubiera obligado, por ende, a realizar una licitación pública. Esta maniobra habilitó -de forma ilegal- la posibilidad de llevar a cabo la construcción de la residencia universitaria en varias contrataciones, utilizando el mecanismo de concursos de precios -procedimiento de carácter excepcional- conforme a la ley de obras públicas", explica. En este marco señala que se beneficiaron cuatro empresas elegidas discrecionalmente por la anterior gestión de la secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano, las cuales tendrían vinculación directa con los funcionarios de esa dependencia del Estado.
El aspecto más grave de la denuncia es el pago de exorbitantes sobreprecios por metro cuadrado para la edificación: "Tomando como promedio el metro cuadrado a julio 2013, año en el que se realizó el grueso de las obras -según índices oficiales- costaba $5.117,33 incluyendo materiales, mano de obra, impuestos y un porcentaje de ajuste por inflación. Sin embargo, para la residencia se abonó la increíble suma de $35.500. Como consecuencia de esto, una obra que debió implicar una erogación al Estado Provincial de $10.234.600, se terminó pagando alrededor de $ 71.000.000, es decir, un 593.73% más de su valor real", añadió.
"Estamos hablando de más de 60 millones de pesos que todos los catamarqueños tuvimos que pagar por una obra que valía 5 veces menos".
La denuncia es para que se investigue a la anterior gestión de la Secretaría de la Vivienda y a las ex funcionarias Silvia Alejandra Quinteros, Verónica Moya y a los representantes de las empresas constructoras que resultaron beneficiados.
