El empresario Sergio Silva presentó una denuncia penal contra el intendente de Los Altos, Rafael Olveira, y contra el secretario administrativo de la comuna, Jorge Nieva, y el jefe de Rentas Generales, Alberto Muñoz, por el delito de estafa y falsa denuncia.
La presentación se retrotrae a octubre del año pasado, cuando salió a la luz que el municipio de El Alto había perdido cinco chequeras firmadas y selladas que no habrían sido correctamente denunciadas por la comuna. En esa oportunidad, el concejal Omar Ovejero (FV-PJ) se había presentado ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración para denunciar a Olveira por este hecho.
De acuerdo con lo que pudo conocer este diario, Silva había realizado distintos tipos de prestaciones al municipio y habría recibido como pago una serie de cheques, que tendrían un monto que superaría los 9 millones de pesos.
Sin embargo, no los pudo cobrar ya que la comuna lo había denunciado como perdidos.
Por este hecho se conoció que fueron varios los proveedores de la municipalidad de Los Altos que se vieron perjudicados por la comuna, ya que no pudieron cobrar su dinero. En esa línea, había trascendido que un empresario local dedicado al rubro de los combustibles también habría recibido un cheque cercano a los $500 mil que no pudo ser cobrado.
Según se conoció, Silva también realizó presentaciones en la justicia civil y comercial por este hecho, que ya tiene una causa abierta. La presentación fue para evitar la cancelación de los cheques, que fue pedida por el municipio.
En octubre del año pasado el concejal Ovejero se presentó de forma espontánea ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Marcelo Sago, para exponer de forma verbal sus sospechas por la desaparición de cheques en blanco firmados y con el correspondiente sello de la Municipalidad de Los Altos.
Según había relatado el edil, Olveira solo habría realizado una exposición en la Comisaría Segunda de esta ciudad Capital, cuando la denuncia tendría que haberse efectuado también ante Fiscalía y en la entidad bancaria a la que correspondían las chequeras.
A su vez, había informado al fiscal Sago que los cheques firmados y sellados habrían afectado las finanzas de la Municipalidad, aunque no pudo precisar el daño que existiría sobre la hacienda pública.
En el marco de esta causa, la Justicia ordenó un allanamiento a las oficinas de la Municipalidad. El procedimiento se realizó a finales del año pasado.
