Suman más de $ 26 millones las compras de bienes y servicios que realizó el Ministerio de Educación a través de la Unidad Ejecutora del INET, que se pusieron bajo la lupa de la Oficina Anticorrupción. El Ancasti publicó ayer parte de la denuncia en la que se hizo referencia a irregularidades en los procedimientos de contratación desde el mismo momento en que las actuaciones se inician hasta la etapa final de pagos y rendiciones. La presentación compromete a varios funcionarios del Ministerio de Educación que, por ahora, optaron por el silencio.
Se estima que solo en este año, la delegación local del INET recibió $ 80 millones. De ese total, hay un 32% que está bajo sospecha por alguna irregularidad en los procedimientos para la adquisición bienes y servicios.
Uno de los casos denunciados hace referencia a otro proveedor polirrubro. Se trata de una firma que resultó beneficiaria de un número importante de adjudicaciones en la gestión a cargo de Lorena Vargas, quien es la actual responsable del INET. Desde mayo a septiembre de 2017 facturó y cobró del INET casi $ 3.750.000, en todos los casos, por ventas de mochilas técnicas, tableros de dibujo y otros elementos de prácticas técnicas y de librería. En la actualidad, la ejecución de los fondos del INET y la gestión de las partidas están bajo la supervisión directa de la jefa de gabinete, Belkys Vera.
“Las contrataciones realizadas con esta firma fueron objeto de observaciones de la Unidad de Auditoría Interna, cuyo tenor llegaba a hechos punibles en materia penal por los sobreprecios constatados, que alcanzaban el 500%. También se advirtieron compras efectuadas en rubros en los que la firma no se encontraba inscripta, vulnerando el requisito y principio de publicidad”, indica la denuncia.
Otro de los casos que fueron presentados es la contratación de una consultora que tiene domicilio en Buenos Aires para la creación, desarrollo, diseño, distribución, compra, venta, exportación y toda otra forma de comercialización de software. Esta empresa facturó y cobró entre abril y junio de 2017 del INET la suma total de $ 4.472.238.
En abril de este año facturó un “diagnóstico de factibilidad de implementación del sistema tableros de gestión”. Fuentes consultadas señalaron que los tableros de gestión eran programas (software) destinados a relevar la información académica de cada institución, tal como niveles de ausentismo o rendimiento académico.
La empresa comercializa, luego del diagnóstico, las licencias del sistema a la supervisión de educación técnica en dos oportunidades y luego factura a diferentes instituciones educativas. El 14 de julio vende esas licencias a 14 escuelas técnicas por un monto de $ 196.000 cada una de ellas.
“Se verifica en la página web de la AFIP, que la firma bajo análisis en este punto, dio de alta la actividad de comercialización de sistemas de computación el 5 de julio de 2017, pero resulta que a Catamarca a esa fecha ya le había vendido licencias de software por casi $ 940.000 y el resto lo factura el 14 de julio, es decir a solo 9 días de haber dado de alta la actividad que le permitía comercializar este producto”, advierte la presentación.
Según las averiguaciones realizadas para presentar la denuncia “los titulares de las instituciones educativas no tienen conocimiento acabado de los alcances del sistema que conforme las actuaciones tramitadas le resultarían de su propiedad. No lo tienen instalado en sus dependencias y serían operados a nivel central, por personal contratado a tales efectos, con lo que el objeto de la contratación no se ajusta a la realidad”. Además, algunos profesionales advirtieron que el software sería “excesivo” si se tiene en cuenta que la provincia de Catamarca tiene ya en funcionamiento el Legajo Único de Alumnos, sin ningún costo, con acceso directo al sistema de los titulares de las instituciones educativas.
El negocio del hambre
Los casos que fueron denunciados ante la oficina Anticorrupción, propios del Ministerio de Educación, tienen similitud con otra causa que fue denunciada por El Ancasti, a partir de las compras directas en Desarrollo Social durante la gestión del ex subsecretario Víctor Brandán, durante la gestión del FCS, en el año 2000.
En este caso, se vuelve a repetir el "modus operandi". La inexistencia de procedimientos administrativos para convocar a licitación con los procedimientos que exige la ley. Para ello, se desdoblan las compras para no superar el monto previsto para las contrataciones directas. El protocolo vigente en el INET para contrataciones directas por significación económica establece que no se puede superar los $ 200.000.
De esta manera, los proveedores del Estado se reduce a un círculo selecto que están al tanto de las demandas del Estado y se organizan para presentarse, de tal manera que el que pierde una contratación con seguridad la gana en la siguiente.
Otra coincidencia con el caso que fue conocido como "el negocio del hambre" es la existencia de proveedores polirrubros que pueden vender todo tipo de productos al Estado.
2.400.000
es la cifra que facturó una sola empresa en un día para la venta de talleres de laboratorio. Para no superar el límite de $ 200 mil para la contratación directa, se realizaron 12 compras.
