La decisión del Ejecutivo nacional de poner un impuesto a los vinos y sidras de 10% y de elevar el tributo a las bebidas gaseosas a 17% si tienen azúcar añadido, todas industrias que dependen de los productos de las economías regionales para su elaboración, fue considerada por el sector como una nueva resolución 125 que buscó impulsar en el 2008 una suba de las retenciones a los cultivos agrícolas.
Frente a esto, las provincias productoras de Cuyo, del norte y del sur diseñarán la estrategia que terminará en una protesta por algo que consideran es la defensa de los puestos de trabajo.
En esa línea, esta semana Mendoza convocará a los gobernadores de las provincias a donde se produce uva: Salta, San Juan, Catamarca, La Rioja, Neuquén y Río Negro. El objetivo del encuentro es evitar que el proyecto llegue al Congreso tal cual está redactado.
El impacto del impuesto significa pasar entre $7.000 a $8.000 millones a manos del Estado, lo cual tendrá repercusión en el primer eslabón, dado que el productor recibirá un menor precio por la uva, y también en el último, el consumidor, que pagará más por una bebida que en los últimos dos años fue perdiendo mercado debido al clima que terminó afectado la oferta.
La cadena vitivinícola se puso en alerta a partir de la posible pérdida del empleo. El 70% del costo para producir un kilo de uva está compuesto por mano de obra. La economía regional es un actor fundamental en cada provincia donde se desarrolla. Y hasta ahora no se vio favorecida por las medidas aplicadas desde diciembre de 2016, las cuales fueron todas a la región pampeana (es decir, granos y carnes). Un tema que el nuevo ministro Luis Miguel Etchevehere deberá resolver.
