Autoconvocados del Poder Judicial enviaron una nota al presidente de la Corte de Justicia, Raúl Cippitelli, en la que expresaron su preocupación por el recorte al presupuesto del Poder Judicial para el próximo año. En esta línea cuestionan los excesos del Poder Ejecutivo en el nombramiento de asesores fuera de nivel.
"Confiamos plenamente en la administración que la Corte de Justicia hace de los fondos destinados a la Justicia. El Poder Judicial se ha caracterizado siempre por una administración austera. Su moderación se visualiza claramente en despachos modestos, inexistencia de personal supernumerario, flota de vehículos sencillos, viáticos usados de manera razonable y prudente".
Luego señalan que la planta de personal no solo responde a la estructura de la administración sino que se encuentra por debajo de las necesidades actuales a causa del aumento de la litigiosidad, el crecimiento del delito y los fenómenos sociales tales como la violencia de género, la violencia institucional, violencia familiar y femicidios que traen aparejado un aumento significativo de trabajo, esfuerzos y recursos.
"El presupuesto del Poder Judicial constituye uno de los pilares en los que se asienta su autonomía. No puede este poder del Estado depender del voluntarismo del Ejecutivo para desarrollar su misión y mucho menos quedar en situación de tener que ceder ante el poder administrador", añade en otro párrafo.
Los Autoconvocados del Poder Judicial afirman que "los excesos del Poder Ejecutivo en el nombramiento de asesores fuera de nivel le resta autoridad para pretender bajar el presupuesto de un poder que cuida sus gastos y administra pudorosamente sus recursos. Éste es un dato objetivo de la realidad que puede fácilmente confirmarse con la lectura de los Boletines Oficiales donde abundan los nombramientos aludidos".
"Nos resistimos a que ajusten el presupuesto para llevar a cabo una de las intenciones históricas del Ejecutivo cual es la de impactar en nuestro salario para achicar la brecha que existe con los demás empleados de la administración pública. ¿Nosotros debemos pagar los excesos en el nombramiento de personal de otros poderes? ¿Nosotros debemos subsidiar todos los nombramientos políticos?", se preguntan los empleados.