El Gobierno estima que está cerca un acuerdo con los poderes Judicial y Legislativo por el presupuesto para el año próximo que deberá presentarse antes del 30 de noviembre en la Legislatura. El Ejecutivo aprovechó el escenario nacional de contención del gasto público para fijar límites a las propuestas presentadas por otros poderes.
“Estamos conversando, negociando y estimamos que vamos a llegar pronto a un acuerdo. Todos entienden que hay una situación excepcional y el Gobierno nacional es el que imparte pautas a las que nos tenemos que ajustar”, explicó el ministro Ricardo Aredes al ser consultado por el avance en las negociaciones.
“Además, nuestros recursos nos impiden otorgar mayores incrementos de lo que se puede, financiera y presupuestariamente. De modificarse la ley de responsabilidad fiscal hay que cumplir la ley, que la deben cumplir los tres poderes”, manifestó.
A fines de octubre, en diálogo con El Ancasti, Aredes había adelantado que el Ejecutivo debería "renegociar" los anteproyectos de presupuestos 2018 que presentaron la Legislatura y la Justicia local. Según explicó, ambos poderes del Estado elevaron propuestas que exceden las pautas que fijó el Ministerio de Economía de la Nación y la ley de Responsabilidad Fiscal.
"Hemos llamado a las áreas contables de los poderes Legislativo y Judicial, por cuanto en sus presupuestos originales exceden las pautas planteadas desde Nación", había manifestado el funcionario en diálogo con El Ancasti.
Aredes señaló que los parámetros nacionales establecen un crecimiento en los gastos que no pueden superar el 15,7% en relación con el presupuesto de este año. En ese sentido, resaltó que los anteproyectos que presentaron desde la Legislatura y la Justicia exceden el 30%. "Indudablemente tenemos que conversar y llegar a un acuerdo, por cuanto presupuestariamente no vamos a poder hacer frente a tantas erogaciones", alertó.
Ahora se actualiza la discusión para bajar el gasto público a partir del Consenso Fiscal que las Provincias firmaron con los Gobernadores. Es que las Provincias se comprometieron a aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno que fuera enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso y adherir a ese régimen y sus modificaciones antes del 1º de junio de 2018. Ese Pacto Fiscal debe ratificarse antes en la Legislatura Provincial.
Prudencia
Cuando se conoció la decisión del Ejecutivo para rediscutir el proyecto de presupuesto para el año próximo, ambos poderes actuaron con prudencia y encomendaron la discusión a sus equipos técnicos.
A fines de agosto, el Poder Judicial remitió al Ejecutivo su presupuesto 2018 por $1.462.395.053. Representaba $431 millones más que los aprobados finalmente para el presupuesto de este año. Es que para 2017 la Corte había presupuesto $1.125.537.347 pero el Gobierno los bajó a $1.031.333.137. En el Poder Judicial eran poco optimistas frente a la posibilidad de rediscutir la propuesta presentada.
Las autoridades de la Legislatura provincial también defendieron el anteproyecto elaborado. En este sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Rivera, dijo que el cálculo se realizó sobre lo ejecutado este año y a partir de allí se calculó el incremento necesario para el próximo.
