La Cámara de Diputados retomó sus actividades luego de tres sesiones fallidas, pero no pudo completar el orden del día producto de una escandalosa discusión. Es que el bloque del FV salió al cruce de la solicitada de la UCR que repudiaba una serie de hechos de “violencia política” exhortando al gobierno de Lucía Corpacci a parar “con estas maniobras”. En el escrito, la UCR pone como acontecimiento clave (entre otros) la denuncia que hizo el ex vicepresidente de CAMYEN Fernando Musella contra el director de YMAD, Ángel Mercado, por amenazas. De hecho, por este tema, el bloque de FCS-Cambiemos amenazó con llamar a Musella al recinto para que explique qué pasó. El planteo de la oposición no pudo avanzar porque la sesión se quedó sin quórum, pero no descartó convocar al ex funcionario para la próxima semana.
El primero en tocar el tema fue el diputado Armando López Rodríguez (FV), quien dijo que "no se puede mentirle a la sociedad". Además de considerar que “es una falta de respeto ensuciar a una persona de bien (respecto a Mercado)”.
Posteriormente, la presidenta del bloque oficialista, Cecilia Guerrero, lanzó munición gruesa contra el FCS y Musella. “Este gobierno sí respeta la división de poderes”, dijo, a lo que agregó: “Acá no sucede más lo que sucedía en otra época cuando se avasallaba a la justicia y se echaba jueces”. Más adelante, mencionó hechos de violencia vinculados a la oposición, como las amenazas de Gustavo Jalile contra empleados municipales y la muerte del militante peronista “Torito” Ponce en la anterior gestión. También cuestionó que la oposición siembre dudas en torno a la desestimación de la denuncia de Musella por parte del fiscal Víctor Figueroa al afirmar que el FCS-Cambiemos no cuestionó las dilaciones en causas como el Megafraude, las compras directas o el Estadio.
Además, detalló sus sospechas en relación con la denuncia de Musella al mencionar que si el ex funcionario fue amenazado en 2016, por qué recién en septiembre de este año hizo la denuncia. "Tiene la apariencia de operación para tratar de embretar a personas vinculadas al gobierno", lanzó. Guerrero dejó su argumento más duro para el final, al señalar que el FCS quiere montar un escenario de violencia institucional "así como le dio resultado montarse del féretro de una pobre niña para conseguir lo que el pueblo les negó en las urnas".
Desde el FCS, la respuesta no se hizo esperar. Verónica Rodríguez aseveró que la denuncia de Musella "es muy grave", por lo que el Gobierno tiene la obligación de garantizar transparencia. Marita Colombo agregó que es indignante que la Justicia "se demore años en resolver las causas" y que "sea indulgente con los poderosos".
"No se puede mandar a archivo una causa donde está denunciado un funcionario público sin siquiera ordenar una mínima pericia", dijo a lo que mencionó una serie de denuncia de la oposición que corrieron la misma suerte, como las cloacas de Valle Viejo. Finalmente, Víctor Luna fue el más duro en su respuesta. "Parece que les duele y mucho que les digan que el marido de la Gobernadora haya hecho lo que hizo y que la Justicia lo haya desechado", dijo.
Finalmente, calificó los dichos de Guerrero como "fuera de lugar" y agregó: "Nosotros no le quitamos la vida a esa estudiante chacarera en el 90. Nosotros fuimos los que levantamos la voz, junto al pueblo de Catamarca en contra de un gobierno corrupto".
Respaldo del Congreso
La diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cornelia Schmidt-Liermann (Cambiemos), presentó un proyecto de resolución en el Congreso para que el cuerpo exprese su repudio a las amenazas recibidas por el ex vicepresidente de CAMYEN, Fernando Musella, e insta a la Provincia a garantizar la seguridad de su familia. La propuesta tomó estado parlamentario ayer. En el proyecto, la legisladora expresó su preocupación por la denuncia que realizó Musella en contra del ex ministro de Producción y actual director de YMAD, Ángel Mercado. Al respecto, mantuvo entrevista con Musella para conocer en detalle la situación y en la iniciativa se mencionan todas las amenazas que Musella denunció en la Justicia local y en el orden federal. “Corresponde solidarizarse con todo aquel ciudadano que sea víctima de amenazas por el solo hecho de expresarse en contra de las políticas o actuaciones del Gobierno provincial o nacional, sin distinciones partidarias”, fundamentó la diputada.
