El interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), Héctor Lostri, adelantó que esperarán que la Justicia actúe para recién decidir si corresponde tomar una medida administrativa en relación con la adenda al contrato entre la DGFM y la empresa CAMYEN por la explotación del yacimiento de rodocrosita en Minas Capillitas.
"Se van a tomar medidas pero primero tiene que actuar la Justicia en algunas cosas. Después que la Justicia se expida, actuaremos desde el punto de vista administrativo”, dijo en diálogo con El Ancasti.
Como se informó, Lostri presentó una denuncia en contra del ex funcionario camporista Santiago Rodríguez por el supuesto vaciamiento del yacimiento de Minas Capillitas. La presentación revela gravísimas irregularidades que también comprometen a CAMYEN. Y hasta se sospecha que la empresa estatal provincial favoreció el tráfico ilegal de la piedra.
Lostri comentó que la denuncia se basa en una auditoría que se realizó en los últimos seis meses ante las sospechas de la existencia de irregularidades. "La situación de CAMYEN es poco seria, está en una situación jurídica muy endeble, desde nuestro punto de vista, pero para eso está la Justicia. Lo que nosotros sentimos es que se faltó a la verdad en cuanto al sentido común de un contrato entre partes”, señaló.
Consultado por los vicios hallados en la última adenda al contrato que se realizó el año pasado, el funcionario nacional dijo: "Esos contratos son muy irregulares, por eso le pedimos a la Justicia que tome posición”, indicó.
Con respecto a los clientes del circuito ilegal de la rodocrosita, Lostri dijo que hay que diferenciar entre los artesanos que reciben la piedra a precio subsidiado y la usan para producir y los que están en el padrón de artesanos pero solo participan en la reventa de la piedra. "Lo que nosotros sentimos es que hay mucha más piedra en el mercado de lo que a nosotros nos dicen que se extrae y se vende", sintetizó.
