Lo que sigue son algunos extractos de la presentación que ya se realizó ante el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini.
"Sin solicitar autorización de la DGFM, la empresa CAMYEN suscribió un convenio para la venta del mineral en cuestión a artesanos locales a mitad de precio para fomentar su actividad. Sin embargo, existen múltiples denuncias que dan cuenta de que algunos de esos artesanos, que debían inscribirse en un registro, actuaban como "pasamanos", comprando la piedra con ese valor promocional, para luego venderla sin trabajarla. Otros sostienen que se utilizó para que empresas dedicadas a la reventa de la piedra la adquirieran a mitad de precio, a través de "prestanombres". Lo cierto es que pese al establecimiento de este esquema de fomento, varios artesanos del lugar continúan denunciando en los medios que la empresa CAMYEN no les entrega la piedra".
"En mayo de 2013, la intervención de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) suscribió un nuevo convenio de explotación sobre el Complejo Minero con la firma CAMYEN en condiciones que resultan al menos llamativas. Las actuaciones reflejan que se suscribió, sin los debidos fundamentos, un contrato a todas luces perjudicial para la DGFM sin que consten objeciones a su contenido o intentos por negociar sus cláusulas con la contraparte ya que presenta numerosas omisiones que -de manera deliberada o no- facilitan cualquier tipo de maniobra tendiente al desvío de los minerales extraídos".
"El canon pactado como contraprestación de CAMYEN a favor de la DGFM es de solo el 3% de su facturación neta, lo que parece muy poco frente a las ganancias que genera el establecimiento, dando lugar a un desequilibrio de base en la ecuación económica del contrato (agravado en la práctica por el incumplimiento por parte de CAMYEN de sus obligaciones relativas a la inversión en el establecimiento).
"El cúmulo de condiciones descriptas correspondientes al contrato de mayo de 2013 genera un cuadro caótico para la ejecución, que facilita cualquier maniobra tendiente a vaciar el patrimonio del organismo (y por ende del Estado Nacional) sobre lo que ya se conocían antecedentes".
"A pesar de todas las falencias que presentaba y que formal y oportunamente advirtieron las distintas áreas intervinientes, hacia fines del año 2014 se iniciaron gestiones tendientes a prorrogarlo cuando parecía totalmente innecesario".
"Así, el contrato posee un plazo de cuatro años de duración, finalizando en mayo de 2017. Antes de la mitad de la ejecución del mismo, se inició un trámite para la suscripción de una addenda para prorrogarlo por 10 años más. Estas gestiones se dilataron pero luego se concluyeron con toda prisa, lo que sugiere la intención de obtener su firma antes de producirse un eventual cambio de autoridades que lo impidiera, en las inminentes elecciones del año 2015".
"Nuevamente esa addenda carece de cualquier estudio económico y lo que resulta sugestivo es que ningún área interviniente de la DGFM objeta su suscripción, pese a los graves incumplimientos del contrato original por parte de CAMYEN. Esta particular maniobra se hizo al solo efecto de prorrogar el contrato y diferir la facturación a períodos semestrales, dificultando aún más su control".
"Además, no existe un ejemplar original de la addenda en los registros de la DGFM sino que únicamente se dispone de copias sin fecha, con un dato llamativo adicional: las dos copias que se hallaron en el organismo son distintas".
"Ante la detección de esta serie de irregularidades se analizó la ejecución del contrato en base a facturación e informes de extracción de CAMYEN, por tratarse de las únicas constancias disponibles. Este análisis también arrojó resultados preocupantes".
"Esto es así, por cuanto se detectaron numerosas maniobras por parte de CAMYEN en el registro de la venta de rodocrosita, destinadas a sustraerlas del control de la DGFM posiblemente para volcarlas al mercado negro o parcialmente para reducir el monto del canon correspondiente".
"En el plano fáctico y registro documental se verifica escasa actividad vinculada con las tareas de exploración y prospección de otros minerales o con la realización de inversiones en el establecimiento minero. CAMYEN se dedicó únicamente a continuar la explotación de la rodocrosita en idénticas condiciones a las que venía aplicando su predecesora".
"Casi todos los meses se extrae mayor cantidad de mineral del que se declara vendido, por lo que cabe suponer que existen reservas de rodocrosita extraída en el propio establecimiento o que fue desviada hacia el mercado negro".
"Se observan prácticas que afectan sustancialmente el monto percibido por la DGFM en concepto de canon y dificultan aún más las posibilidades de control. Una de ellas es la realización de donaciones de rodocrosita (que al no tener contraprestación no computan para el canon) a organismos públicos provinciales, cosa que no está permitida en el contrato".
