El 2 de marzo de 2012 El Ancasti dejó en depósito notarial un sobre cerrado con la lista que, en ese momento, establecía supuestamente la distribución entre empresas de la Cámara de la Construcción de 39 licitaciones cuyas ofertas se abrirían en el IPV cuatro días después, el 6 de marzo.
El acta de depósito de Editorial Capayán SA consta en la escritura 25 (ver facsímile), en la que el escribano Juan Carlos Canellada da fe de la recepción en depósito de "un sobre de papel cerrado, desconociendo el contenido del mismo".
El 23 de marzo, ya con las sugestivas licitaciones resueltas, se confecciona en la misma escribanía el "acta de constatación", por escritura Nº 42.
En ella el escribano da fe de que extrae del sobre depositado veinte días antes "dos papeles tamaño A4, uno totalmente blanco de anverso y reverso, y el segundo solamente del anverso, tiene diseñada una planilla de siete columnas y 39 renglones. Además, en la parte superior hay un renglón, el cual abarca de la segunda a la sexta columna, indicando textualmente en cada columna lo siguiente: Proyecto, Localidad, Total de Viviendas, Viviendas Comunes, Viviendas Discapacitados, Aporte Nación".
A continuación, se detalla el contenido de cada renglón y cada columna.
Esta nómina, protegida de cualquier modificación en un sobre cerrado en poder de un escribano público desde antes de la presentación de ofertas, es la que se cotejó con el resultado de la licitación.
De la comparación surgieron las coincidencias que arrojan fuertes indicios de un acuerdo previo entre las empresas que convertía a la licitación en una farsa.
La situación fue informada por este diario en su edición del 12 de marzo de 2012, es decir hace más de cuatro años.
El 29 de abril pasado El Ancasti entregó las actas notariales y las publicaciones periodísticas pertinentes a la Fiscalía de Estado, por considerar que se violó la Ley de Competencia, que prohíbe y sanciona actos y conductas que "restrinjan o distorsionen la competencia o constituyan abuso de una posición dominante en el mercado" y que importen un "perjuicio para el interés económico general".
