La diputada provincial Juana Fernández (FCS) presentó un proyecto para reformar la Ley Nº 4.718, que regula el procedimiento para la contestación de los pedidos de informes. La iniciativa busca sancionar a los funcionarios que no respondan a los interrogantes emitidos por las Cámaras Legislativas.
En los fundamentos del proyecto, que tomará estado parlamentario en la próxima sesión ordinaria, la legisladora señala: "Es evidente que los pedidos de informes generalmente responden a cuestiones coyunturales, que por lo tanto demandan una respuesta rápida, que, de no producirse, desvirtúan el sentido del interrogante planteado, anulando de dicho modo las atribuciones del Poder Legislativo como control del Ejecutivo”.
Y agrega: "Actualmente los pedidos de informes solo se reducen a impactos mediáticos, sin que el Poder Ejecutivo sienta obligación alguna de responder o si lo realiza, lo hace por medios de funcionarios a través de los medios de comunicación con información escueta”.
La propuesta contempla que las Cámaras Legislativas deberán llevar adelante un registro de los pedidos de informe y las respuestas emitidas por el Ejecutivo que deberán ser publicadas en las páginas web. En caso de no satisfacer la respuesta los legisladores tendrán un plazo de 10 días para insistir en los interrogantes.
Además, establece que el funcionario que no cumpla con lo solicitado será pasible de una multa que será equivalente al sueldo básico de un juez de primera instancia. Además de que su conducta pueda incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
