Tal como estaba previsto, la ex titular de Administración Contable y Financiera de la Secretaría de la Vivienda, Silvia Alejandra Quinteros, se presentó a la Justicia en el marco de la causa que investiga posibles hechos de corrupción en elo organismo.
Lo hizo acompañada de su abogado Luis Gandini ayer a las 19. Debía presentarse en la Fiscalía de Delitos Especiales y contra la Administración a cargo de Marcelo Sago, pero como ya había adelantado su defensor, Quinteros se abstuvo de declarar.
La semana pasada Jacqueline Elizabeth Figueroa, su madre María Cisneros y Gonzalo Figueroa también habían sido convocados para dar su versión de los hechos en la causa, pero al igual que Quinteros se abstuvieron de prestar declaración.
A fines de mayo, la diputada Paola Bazán (FCS- Cambiemos) había presentado una denuncia en contra de Quinteros, su secretaria privada, Figueroa, y la titular de la empresa RAF S.R.L, Cisneros, por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y enriquecimiento ilícito. Tras las primeras medidas de la investigación, el fiscal que entiende en la causa las imputó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el marco de la investigación, Bazán había aportado un listado de compras que realizó la Secretaría a la firma RAF, propiedad de Cisneros en sociedad con Figueroa, por $49.700.000 para la adquisición de materiales de construcción en el período en que Quinteros fue funcionaria. En ese listado se observaba que la Secretaría compró, solo durante todo el año pasado, materiales por montos que iban desde los $8.000 hasta los $300.000 pesos a la firma. Las compras eran de montos pequeños bajo la modalidad de compra directa para evadir la obligación de tener que llamar a licitación.
El fiscal Sago inició la investigación y ordenó una serie de allanamientos en la Secretaría de la Vivienda y en varios locales comerciales que Quinteros y Figueroa administran en sociedad comercial.
En los primeros días de julio Sago había dispuesto la inhibición general de bienes y el embargo. La medida alcanzaba a Quinteros y a un familiar directo de la ex funcionaria, Oscar Quinteros. También para Figueroa y Gonzalo Figueroa. Además, para la madre de Figueroa, María Margarita Cisneros, socia gerente de RAF S.R.L. El juzgado de Control de Garantías autorizó las medidas que habían sido solicitadas por la Fiscalía.
Los imputados habían planteado una oposición a la medida que afectaba sus bienes, pero la Justicia confirmó el embargo de bienes y así la investigación pudo seguir su curso.
Según lo que pudo saber este diario, la defensa de Quinteros analizará todas las actuaciones y pruebas que han sido incorporadas en la causa para definir los pasos a seguir. En ese sentido, se espera que pida una ampliación de la indagatoria para que la ex funcionaria se presente a declarar.