Finalmente, el Gobierno elevó ayer a la Cámara alta los pliegos de Miguel Figueroa Vicario y Vilma Molina solicitando acuerdo para su designación como jueces de la Corte de Justicia de Catamarca. Son los dos casilleros aún vacíos tras la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 14 de julio pasado.
Al Poder Ejecutivo Provincial le tomó 56 días decidir el nombre de los aspirantes a ocupar el máximo tribunal de Justicia de la Provincia, pero ayer puso punto final a las especulaciones sobre diferentes nombres en danza.
Figueroa Vicario cuenta con una destacada trayectoria en el ejercicio de la profesión. También es un hombre ligado al peronismo. Fue diputado provincial en el período 2007-2011 y del 2011 al 2013 ejerció como fiscal de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Y de ahí pasó a ocupar la función de Asesor General de Gobierno, cargo que actualmente desempeña.
En el caso de Molina, el 10 de diciembre de 2010 juró como jueza de Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minas de Catamarca. La mujer propuesta por la gobernadora Lucía Corpacci para la Corte viene de carrera en la Justicia. Además, es la hermana del Parlamentario del Mercosur, Isauro Molina.
Los pliegos ingresaron al Senado pasadas las 15, por lo que recién la próxima semana tomarán estado parlamentario. Será durante la sesión del jueves 15, aunque los senadores comenzarán a analizar -de manera informal- los antecedentes de los postulantes a partir del martes 13, según confió un legislador oficialista a El Ancasti.
Una vez cumplido el proceso especificado para las formalidades previstas en el reglamento interno, será el turno de las entrevistas a Figueroa Vicario y Molina con los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Todo el trámite no puede exceder los 30 días corridos a partir de que los pliegos de acuerdo adquieran estado parlamentario.
Con polémica
La aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para pasar de 3 a 5 la cantidad de jueces de la Corte de Justicia, disparó una larga polémica en la Cámara de Diputados. Es que la mayoría de los integrantes de la opocisión rechazaban el proyecto original del Gobierno, que proponía 7 miembros. Y cuando surgió la posibilidad de 5, tampoco llegaron a un acuerdo con los opositores. Pero los diputados Carlos Molina y Analía Brizuela (FCS-Cambiemos) le dieron número al FV para la media sanción.
