Según un dictamen en minoría de la concejal Liliana Barrionuevo (F3P), la Municipalidad de la Capital sí puede regular los honorarios de los abogados que trabajan en Fiscalía Municipal. Para la edil, como el contribuyente debe realizar los trámites en una dependencia municipal, la comuna debe legislarlo. Además, plantea que se deben eliminar los intereses para aquéllos que decidan cancelar los honorarios en tres o menos cuotas.
Días atrás, el FCS había planteado que el CD no tratará el proyecto enviado por el Ejecutivo (para regular los honorarios de los abogados de la Fiscalía) porque ya existen normativas provinciales y nacionales que regulan los regulan.
Para el FCS, sería una "desprolijidad legislativa" aprobar el proyecto del Ejecutivo Municipal. Sin embargo, Barrionuevo consideró que al tratarse de cuestiones que se dirimen bajo la órbita municipal, deben ser legisladas.
En ese sentido, la edil propone que se elimine uno de los incisos del proyecto que plantea que en caso de que el monto a pagar por el contribuyente sea inferior a los honorarios, estos últimos se dividan en dos. En ese sentido, argumenta que el cobro del trámite "se realiza de manera administrativa y no judicial", por lo que no corresponde aplicar la unidad JUS fijada por la Corte, en razón de que puede ocurrir que un contribuyente se encuentre ante unos honorarios más costosos que su deuda con la comuna.
Además, considera la concejal que el plan de facilidad de pagos que obligatoriamente deben otorgar los abogados, en un mínimo de tres cuotas, deben ser sin interés alguno; pudiendo estos aplicarse en el caso de que el contribuyente decida liquidar los honorarios en cuatro o más cuotas.
En ese sentido, Barrionuevo explica que los abogados de Fiscalía Municipal "perciben una remuneración mensual de la comuna, y además les corresponden honorarios por cada una de las causas en las que intervienen, por lo que el hecho de que el pago en tres cuotas quede eximido de interés hace menos gravosa la situación del contribuyente, sin perjudicar al letrado interviniente para quien los honorarios resultan un ingreso extra".
El FCS, a través del concejal Gilberto Filippín, había señalado que "tanto el fiscal municipal como el Colegio de Abogados consideraron que no se podía legislar sobre esos honorarios", por lo que el CD no debería tratarlos.