Una de las tantas causas que existen contra el intendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, pasó a archivo. Se trata de una denuncia iniciada los primeros días de 2015, luego que el intendente mantuviera cerrado el Concejo Deliberante durante varias semanas. La decisión fue tomada por el fiscal de instrucción N° 1, Víctor Figueroa, por considerar que la presentación, tal como estaba planteada, era una cuestión política y teniendo en cuenta jurisprudencia nacional no se podía judicializar. De igual forma, ésta es una de las tantas denuncias que pesan sobre el intendente y que están avanzadas.
A finales de 2014, un conflicto institucional sin precedentes ocurrió en Bañado de Ovanta entre los concejales Mario Páez y Cristian Guzmán contra Guaraz y su hermana Esther.
Páez y Guzmán habían suspendido a la hermana de Guaraz por amenazas a un grupo de empleados. Sin embargo, en una maniobra con poco sustento legal, Esther Guaraz suspendió a Páez y a Guzmán y en su lugar hizo asumir a dos concejales suplentes. Luego de la medida, la edil y autoproclamada presidenta del cuerpo cambió las llaves de la cerradura del edificio para que los suspendidos concejales no pudiesen ingresar.
Durante varias semanas, el Concejo estuvo cerrado y por eso el motivo de la denuncia.
Como corolario de esta absurda situación, durante un tiempo en Santa Rosa estuvieron funcionando dos Concejos Deliberantes. Uno, encabezado por la hermana de Guaraz y, otro, por Guzmán y Páez. Sin embargo, el intendente solo reconocía al de su hermana.
En el marco de este mismo escándalo, Guaraz también tiene otra causa por retención indebida de haberes donde la propia Corte de Justicia lo encontró culpable y lo obligó a pagarles los sueldos adeudados más costas a Páez y a Guzmán.
El máximo tribunal tomó esta determinación luego de aceptar el conflicto de poderes que habían presentado Páez y Guzmán contra Guaraz y su hermana Esther por haberlos suspendido indebidamente de sus cargos. Según estimaciones, y por el capricho de Guaraz, la comuna tenía que abonarle más de 150.000 pesos a cada edil, además de afrontar las costas del juicio.
Por su parte, el fuero civil también había fallado contra Guaraz en el marco de la retención indebida de haberes. En ese sentido, el juez civil de Segunda Nominación, Martín Ever Acosta, exigió a la Municipalidad y al Concejo Deliberante el reintegro de los fondos que les fueron negados a los concejales mientras duró su etapa "forzada” fuera del organismo.
Por último, se conoció que antes de que se iniciara la feria judicial, el concejal Páez solicitó que se unifiquen todas las causas que existen contra el intendente que se encuentran en la Fiscalía de Delitos Especiales y contra la Administración.
