Para el presidente de la empresa de Energía Catamarca SAPEM, Raúl Barot, el fallo que emitió la Corte de Justicia en el que declaró la nulidad del nuevo cuadro tarifario (ver página 2) traerá serias consecuencias. Afirmó que 35.000 usuarios perderán los beneficios de la tarifa social, y que se pone en riesgo la prestación del servicio "porque es imposible recaudar lo que nos factura CAMMESA". Por su parte, el ministro de Servicios Públicos, Guillermo Dalla Lasta, señaló que "Nación podría resentir el envío de fondos".
"Este fallo retrotrae todo a diciembre. Se perderán 35.000 beneficiarios de la tarifa social. Se tendrá que refacturar. No obstante, el Ministerio de Servicios Públicos nos informará cómo seguir trabajando para tratar de sostener la calidad del servicio", anticipó Barot en Radio Ancasti.
En el mismo sentido, señaló que hay que hacerle conocer a la Corte "el daño que se está ocasionando con esta resolución". "El aumento que solicitó y aplicó la empresa no es ningún artilugio, está justificado", dijo.
"Jurídicamente veremos cómo avanzamos, pero las consecuencias son varias. La primera es la no aplicabilidad de la resolución 06/16 del Ministerio de Energía de la Nación, porque la resolución 06/2016 del ENRE establecía la aplicabilidad y fue anulada. La segunda es que no vamos a poder recaudar lo que nos está cobrando CAMMESA. La tercera es que perdemos los usuarios de la tarifa social, y por último, está en juego la prestación del servicio", señaló.
Allí, el titular de la empresa detalló que con el fallo de la Corte, que no permite seguir facturando con el último cuadro tarifario y al mismo tiempo ordena la devolución del dinero a aquellos usuarios que hayan pagado con el incremento, se generará un déficit "que no se va a poder cubrir". "Tenemos que recaudar, y el valor agregado de distribución (VAD) que habíamos establecido era para costear sueldos, combustibles y el funcionamiento de la empresa. Va a ser muy complicado ahora", expresó.
Por último, dijo que en el análisis del incremento "se deberían haber estudiado todos los puntos, ver la calidad del servicio y analizar la tarifa social", y cargó contra el FCS. "Analizaremos a fondo esto y vamos a pedir a los que presentaron la cautelar (por el FCS) que nos expliquen qué es lo que ellos pretenden de esto. La audiencia pública la tendremos a fines de julio para mostrar los valores que debemos aplicar y cuánto nos sale hoy en día prestar el servicio. El trabajo previo para esto está terminado", explicó.
