En la última reunión de la comisión de Hacienda de la Cámara baja, recibieron despachos favorables varios pedidos de informes al Poder Ejecutivo Provincial (PEP), pero el referido a las Contrataciones y compras directas de la Secretaría de la Vivienda fueron los disparadores de un fuerte cruce de opiniones y reclamos entre oficialistas y opositores. Es que los representantes del bloque Frente para la Victoria (FV) aseguran que la aprobación de las iniciativas se materializó mientras algunos de los legisladores se encontraba afuera de la oficina de Comisiones, aunque retornó luego a la reunión. Y desde la oposición sostienen que la reunión se realizó con el quórum reglamentario y el procedimiento administrativo requerido para dar despacho favorable a los proyectos que estaban en estudio.
Sin embargo, el manejo de fondos y las contrataciones realizadas por la Secretaría de la Vivienda, no tan solo para la construcción de casas, es uno de los temas sobre los que la actual gestión de Gobierno deberá brindar explicaciones ante la Justicia. Y de ahí que la disputa entre oficialistas y opositores se recrudece cuando aparece alguna iniciativa vinculada a la Vivienda.
En concreto, se requiere al PEP que, a través de la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano, envíe un informe detallando la cantidad de contrataciones o compras directas que efectuó ese organismo entre diciembre de 2011 y junio de 2016, sobre la titularidad de los proveedores beneficiados con las contrataciones o compras directas en el período mencionado, que en su calidad de agente de retención (por la Vivienda), eleve al cuerpo legislativo la nómina de personas físicas y jurídicas a las cuales efectuó las retenciones impositivas correspondientes al IVA, Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, eleve la nómina de beneficiarios del Plan de Mejoramiento Habitacional (especificando nombre, DNI, dirección del beneficiario, la empresa ejecutora y el monto ejecutado para ese mejoramiento) y que adjunten los respectivos comprobantes de pagos realizados a la Administración General de Rentas y a la Administración Federal de Ingresos Públicos, de las retenciones perpetradas a las personas físicas y jurídicas.
El manejo "discrecional"
La diputada Paola Bazán (FCS-Cambiemos), autora de la iniciativa, sostuvo en la fundamentación del pedido de informes que en los últimos días todos los legisladores y la sociedad en su conjunto fueron testigos de "grandes irregularidades” en la administración de la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano por parte de quienes ostentaban un lugar de privilegio, sobre todo, un manejo "discrecional” de las contrataciones o negociaciones en las que el organismo mencionado era parte contratante.
"Estas acciones, lejos de responder a normas de conductas que manifiesten un correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas, llegaron, por el contrario, a encuadrar en conductas tipificadas y castigadas por nuestro Código Penal”, criticó Bazán.
