El miércoles pasado, Fiscalía de Estado inició un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el que solicite que se revoque la sentencia de la Corte de Justicia local y, de esta manera, se avale el incremento tarifario que dispuso la Provincia a partir de los aumentos en la energía que dispuso el Gobierno nacional. Mientras se cumple este trámite a nivel nacional, se cumplirá con el fallo de la corte local.
"Pretendemos que se revoque la sentencia porque entendemos que la Corte ha dictado un fallo que no es el adecuado. Nosotros compartimos el voto del doctor Cippitelli (Raúl) y a partir de eso sostenemos que se ha modificado una resolución nacional no atendiendo a disposiciones que son claras como el traslado de la tarifa. Pagábamos 14 millones en noviembre por la energía, 17 millones en diciembre y pagamos 44 ó 45 millones en enero. Ese traslado de Nación a Provincia nosotros tenemos que trasladarlo a la gente porque sino no existe posibilidad de que sea viable la empresa”, explicó el fiscal de Estado, Carlos Bertorello.
El fiscal de Estado explicó que mientras se resuelve esta presentación judicial, la Provincia cumplirá con el fallo de la Corte local que frenó el tarifazo.
El pasado 8 de junio, en un fallo dividido, la Corte de Justicia de la Provincia hizo lugar al amparo presentado por el bloque de diputados del FCS para frenar el "tarifazo" provincial en el servicio eléctrico que presta la EC SAPEM. El fallo establecía que la empresa estatal deberá abstenerse de seguir cobrando su servicio con los precios que fijó a partir de febrero de este año y además debería devolver el excedente cobrado desde la puesta en marcha del tarifazo.
El bloque del FCS había pedido la impugnación de las resoluciones del Ministerio de Servicios Públicos 26/15 y 69/16, sumada a la resolución del ENRE 06/16 que autorizaban el incremento en el valor de las tarifas sin la realización de la audiencia pública, al considerar que se violaba la legislación para la determinación de un nuevo cuadro tarifario.
La Corte avaló el planteo del FCS. Sin embargo, el amparo no salió con el acompañamiento de la totalidad de los miembros del máximo tribunal. En ese sentido, Amelia Sesto de Leiva y José Cáceres votaron por el rechazo al tarifazo, mientras que Raúl Cippitelli lo hizo en contra.
Cippitelli, para justificar su voto en contra, sostuvo que de las resoluciones emitidas por el Ministerio de Servicios Públicos "se reconoce como precedente el cambio introducido en el marco tarifario nacional".
Agrega que las resoluciones impugnadas determinan los precios estacionales de la potencia y la energía.
Menciona como antecedente "el contrato de concesión, que establece que los cuadros tarifarios serán ajustados en la oportunidad que la Secretaría de Energía de la Nación lo establezca para las programaciones estacionales y las reprogramaciones trimestrales".
Tras el dictamen, el Ministerio de Servicios Públicos había pedido al máximo tribunal que especifique cuál era el tarifazo que atacaba. Es que, según afirmaba, en la resolución del Ministerio de Servicios Públicos estaban incluidos el incremento que realizó la Provincia a través de la modificación del VAD (Valor Agregado de Distribución) y el de la Nación, a través de la resolución del Ministerio de Energía. En ese sentido, planteaba que en el fallo existían "puntos oscuros y omitidos" y pedía que se aclare "qué conceptos son los que se deberán reintegrar a los usuarios en las futuras facturaciones" y que se explique cómo afectará la decisión de la Corte en la aplicación de la tarifa de interés social nacional.
La Corte de Justicia se negó a realizar esa aclaración. Tras esa respuesta, el ENRE comenzó a reglamentar cómo se cumplirá con el fallo de la Corte. En este sentido, el presidente del organismo, Augusto César Acuña, anticipó que esta semana emitirá una resolución por la que ordena que se devuelva a los usuarios el incremento que la EC SAPEM cobró en el valor de distribución (VAD) desde enero.
Según explicó, la resolución se dará a conocer la próxima semana y entrará en vigencia el 1° de julio. En términos generales, explicó que la normativa establecerá que se mantienen los precios nacionales que se fijaron para la energía a partir de la asunción del nuevo Gobierno nacional y se modificará el VAD que fijó la EC SAPEM.
En este punto, volverán a entrar en vigencia los valores de diciembre de 2015.
Con respecto a la devolución de lo que se cobró en más desde enero de este año, Acuña aclaró que no se devolverá el dinero a favor de los usuarios, sino que se descontará a partir de los consumos que se registren desde el 1° de julio. En julio se devolverá el incremento que se cobró en enero, en agosto será lo de febrero y septiembre lo que se percibió en marzo y así sucesivamente hasta completar.
