Los 12 años transcurridos desde la denuncia penal sin que la Justicia se pronuncie, pese a la contundencia de las pruebas de las irregularidades cometidas, convirtieron a la causa por el "negocio del hambre” a través de compras directas en el área de acción social en emblema de la desidia judicial cuando de investigar la corrupción se trata. Sin embargo, es solo uno de los múltiples expedientes vinculados a defraudaciones al erario que derivan por el laberíntico y moroso sistema sin resolución.
La causa del "negocio del hambre” se inició en 2004, por una denuncia del entonces diputado y actual subsecretario de Asuntos Municipales Fidel Sáenz. Fue elevada a juicio el 16 de junio pasado, después de que el juez de Garantías Nº3 José Carma confirmara la resolución dispuesta por el fiscal Exequiel Whalter, pero todavía les quedan a los imputados instancias recursivas para dilatar la definición. En ese sentido, la defensa del ex secretario de Acción Social Víctor Brandán confirmó que apelará la medida.
Si no hay ningún nuevo impedimento, en el juicio se deslindarán responsabilidades por malversaciones que a cifras actuales rondan los 350 millones de pesos. En la causa están imputados además de Brandán, el ex ministro de Salud Pablo Doro; el ex encargado de depósitos Omar Martínez; la ex directora de Servicios Administrativos Teresa Miñaura de Siarez; y la ex encargada del Servicio de Contaduría Carlina Zurita.
Durante el tiempo transcurrido desde que se realizó la denuncia hasta que se elevó a juicio la causa, en 2005 el FCS en la Cámara de Diputados rechazó el desafuero en contra de Brandán pedido por la Justicia. El sindicalista quedó sin fueros en 2009, pero recién fue citado a indagatoria, paso ineludible para procesarlo, en 2010.
La causa ya había sido elevaba a juicio en 2012 y confirmada por el juez Carma en 2013. Pero por errores administrativos, todo el expediente volvió a foja cero y Whalter debió iniciar el proceso de nuevo, tomando una vez más indagatorias a los imputados.
Otro caso paradigmático, también en el área de Acción Social pero en el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, es el del "megafraude” de las fundaciones. La denuncia se realizó en 2004 a partir de una publicación de El Ancasti y recién en abril de este año fue elevaba a la Cámara Penal Nº1 para que vaya a juicio. En esta causa se investiga la responsabilidad de ex funcionarios, empleados del Estado y empresarios por la contratación de cursos de capacitación que no se realizaban o se concretaban sin el número de asistentes declarado, y por los que se pagaban abultadas sumas de dinero. Son 10 los imputados por el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, con distintos grados de participación. Entre ellos está el ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera gestión Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina y los titulares de las fundaciones involucradas. La imputación alcanza también a una ex empleada de Desarrollo Social, María Barros de Voget, y a ex funcionarios del Ministerio de Hacienda que habrían colaborado en la trama para favorecer los pagos: Guillermo López, Liliana del Valle Jalil de Barrera, Susana de la Colina y el ex contador de la Provincia Juan Barrios.
Aunque estas causas podrían ser las que más tiempo llevan esperando una resolución, hay muchas otras que si bien son más actuales también tienen años con muy pocos avances. Solo por mencionar algunas, está la denuncia por los aerogeneradores en el cerro Ancasti que fue realizada en 2012 y la causa por el Pozo 53 que también fue iniciada en ese año. Ambas prácticamente no tienen avances.
Si bien parte de las pronunciadas demoras podría atribuirse a los recursos dilatorios que interponen las defensas de los acusados, es la falta de voluntad del Poder Judicial para avanzar en los procedimientos lo que tiene mayor incidencia. Es que de todos los casos de corrupción que llegaron a la Justicia, solamente uno fue iniciado de oficio: el de "la comida de Desarrollo Social para los chanchos" en 2008. Los otros fueron iniciados luego de presentaciones penales.
Con la idea de mejorar el sistema de justicia, no solo para los hechos de corrupción sino para todas las causas penales en 2011 se dividió las fiscalías por competencias. Así se creó la Fiscalía de Delitos Especiales y contra la Administración donde fueron a parar todas las denuncias de irregularidades en el uso de la cosa pública. Sin embargo, este sistema fracasó y se volvió al viejo esquema de fiscalías por turnos, dejando únicamente la de Delitos especiales. En esa fiscalía están acumuladas y a la espera de una resolución todas las denuncias por corrupción y ante cada nuevo hecho que sale a luz se le suma una nueva causa.
AMONTONADAS
La mayoría de las causas fueron a parar a la Fiscalía de Delitos Especiales y contra la Administración. Esta unidad, cuenta con un solo fiscal para investigar todos estos complejos hechos.
LA DEUDA JUDICIAL
-Compras directas. Luego de 12 años de idas y vueltas la causa irá a juicio. Los principales imputados son el secretario de Acción Social, Víctor Brandán, y el ex ministro de Salud, Pablo Doro.
-"El Mega Fraude". También trascurrieron más de 10 años desde que fue denunciado el hecho. En abril, la causa llegó a la Cámara Penal N° 1, que definirá la fecha cuando se iniciará el juicio.
-"La comida a los chanchos". Fue la única causa de corrupción que se inició de oficio por denuncia pública en los medios. No se conoce en qué terminó el proceso.
-FONDETUR. También fue iniciada por esta gestión y es por la entrega de créditos para fomentar el turismo. El dinero se entregó pero no se hicieron los proyectos. La causa tenía cierto grado de avance.
-Ampajango-Santa María. La actual gestión denunció penalmente al ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la obra de media tensión Ampajango-Santa María. La obra habría sido certificada casi en su totalidad, aunque registró un avance que no llegó al 65%. Recién está avanzando.
-Central Hidroeléctrica de La Carrera. La denuncia también la presentó esta gestión. La obra estuvo parada durante años. La causa no tiene avance.
-Aerogeneradores. La presentación cae sobre el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Acuña, y el ex subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante. Se están haciendo peritajes.
-Pozo 53. También fue denunciado Juan Acuña. Esta obra nunca se hizo a pesar de que se le otorgó fondos en dos oportunidades. La causa no tiene avances.
-Cuentas de inversión. Esta denuncia se inició en la Cámara de Diputados. Es por la falta de rendición de cuentas de más de 2.000 millones de pesos. La investigación no tiene avances.
-OSEP y los medicamentos oncológicos. La denuncia fue hecha contra la gestión de Arturo Aguirre en la obra Social, por la supuesta compra de medicamentos a una firma inhabilitada. No se conoce avance.
-Denuncia contra Punteros. Fue hecha por Fiscalía de Estado contra punteros que supuestamente manipulaban los planes sociales. No se conoce el estado de la causa.
-Regalías-Perea. El ex senador por Andalgalá, José Perea, tiene una causa en su contra por el mal uso de las regalías mineras en su gestión como intendente. La investigación estuvo parada.
-Contra Ríos. El intendente de Belén, Daniel Ríos, estuvo preso por haber retenido impuestos provinciales en su anterior gestión. No se conoce el estado de su causa.
-Ruta de la rodocrosita. Esta gestión denunció al ex titular de SOMICA DEM, Raúl Doering, por supuestas irregularidades en el comercio de rodocrosita. No se conoce avance en la causa.
-Denuncia por el ex Sussex. El bloque del FCS denunció irregularidades en la realización del Centro de Integridad e Identidad Cultural. Acusan al Gobierno de desdoblar contrataciones para evitar licitaciones. No hay avances.
-Órdenes Truchas. El Círculo Médico y el FCS denunciaron la emisión de órdenes truchas en OSEP. En la causa está implicado el ex titular del organismo, Julio Prieto. La causa está en trámite.
-Cloacas de Valle Viejo. La inició el FCS contra el ministro Rubén Dusso por supuestos sobreprecios en la obra. La causa fue cerrada.
-Denuncia Call Center. También la hizo el FCS contra Dusso. Es por haber refaccionado un predio para un privado sin ningún contrato. La causa quedó sin avances.
-Denuncia en la Vivienda. Ésta es la última denuncia de corrupción que se conoce. Fue hecha por la diputada Paola Bazán y están involucradas una ex funcionaria de la Secretaría de la Vivienda, una empleada y la dueña de una empresa proveedora del Estado. La denuncia es por favorecer a la empresa con compras directas. Está avanzando.
