Ayer, personal de la Fiscalía Nº 6 (contra los delitos contra la Administración Pública), por orden del fiscal Marcelo Sago, realizó un allanamiento en el Pabellón 7 del CAPE, donde funcionan las oficinas de la Secretaría de Vivienda, con la intención de secuestrar toda documentación pertinente a la investigación que se lleva adelante a partir de la denuncia realizada por la diputada Paola Bazán (FCS) contra la ex directora de Administración de la secretaria de la Vivienda, Silvia Quinteros.
Fuentes judiciales confirmaron que la fiscalía ordenó cerca de 11 allanamientos en los que se secuestró documentación y computadoras que serán analizados por los peritos contables que designe la Justicia.
Por otra parte, también se secuestró documentación vinculada con otra denuncia que el año pasado realizó el FCS contra la Vivienda por el pago de sobreprecios. En aquella denuncia también estaba involucrada la contadora Quinteros.
Los otros allanamientos se realizaron en varios locales comerciales, propiedad de Quinteros junto a otros socios del entorno familiar. La ex funcionaria sería la propietaria de otros diez locales comerciales.
Otros allanamientos fueron para cercar a la ex secretaria de Quinteros, Jacqueline Figueroa, y su madre, María Cisneros, denunciadas por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
En ese sentido, Bazán presentó un listado de compras a la firma RAF, propiedad de Cisneros, por más de $ 49 millones para la adquisición de materiales de construcción por parte de la Secretaría de la Vivienda, cuando Quinteros seguía como funcionaria
Según trascendió, la Justicia ya elevó distintos pedidos de información a Rentas, Registro Público de Comercio, AFIP, entre otros organismos. Además, trascendió que las denunciadas se presentaron de forma espontánea en la Justicia para ponerse a disposición, una formalidad para evitar una orden de detención.
