Desde que comenzó el segundo mandato de Lucía Corpacci, el Gobierno provincial ya realizó 215 nombramientos entre asesores y supervisores. Estas personas que pasaron a depender de las arcas del Estado provincial, no son simples empleados sino que cobran mediante índices como los funcionarios. Sin embargo, los asesores y supervisores se diferencias de las personas que ostentan un cargo público por estar fuera del organigrama de la Administración Pública y por no tener ningún área específica a su cargo.
Entre los beneficiados por estos nombramientos hay ex concejales, ex funcionarios provinciales, como también ex funcionarios nacionales de la anterior gestión.
La información surge de un relevamiento que viene realizando diario El Ancasti a las ediciones del Boletín Oficial, donde fueron dados a conocer los decretos con los que se realizaron estos nombramientos. El relevamiento toma como punto de partida los decretos firmados a partir del 9 de diciembre (fecha en que comienza el segundo mandato de Corpacci), hasta la fecha. En ese aspecto, el último decreto publicado en el Boletín Oficial es del 15 de abril. Es decir que el Gobierno nombró 215 índices en tan solo cuatro meses.
En la contabilidad de los nombramientos no se tomaron en cuenta las personas que ingresaron al Estado mediante contratos, pases a planta permanente o que fueron designados en algún cargo como directores, subsecretarios, secretarios o ministros.
Al paso de más de una designación por día, el Gobierno contuvo y les garantizó mantener una fuente de ingreso desde el Estado a personas que se desempeñaron en algún momento como funcionarios provinciales, nacionales, como también a ex legisladores provinciales y ex concejales. Así se contuvo a la ex directora de Relaciones Municipales, Ernestina Luna, como supervisora en un índice 0,70. La ex funcionaria había quedado comprometida por sus expresiones cuando el intendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, hizo pública una conversación que ella había mantenido con dirigentes gremiales en la que habría expresado que el jefe comunal debía arrodillarse ante el Gobierno para conseguir ayuda.
Otro que fue absorbido por el Estado y con un índice 0,70, el ex concejal de Santa Rosa, Cristian Guzmán. El ex edil había sido echado de su banca por el Concejo Deliberante "paralelo" que respondía al intendente Elpidio Guaraz. Sin embargo, la Corte de Justicia de la provincia había determinado que su apartamiento había sido ilegal y que la municipalidad debía pagarle todos los meses que no cobró como concejal.
También, la ex titular del INADI durante la gestión del kirchnerismo, Emperatriz Márquez fue designada como supervisora en el Ministerio de Desarrollo Social con un índice 1,20.
Quien también fue contenido por la Provincia fue el ex senador por Capayán Diego Ahumada, quien fue electo por el Frente Cívico y Social en las elecciones de 2007.
Aparte de estos nombres, en la extensa lista también figuran referentes del Frente para la Victoria y de sus partidos socios que no son tan conocidos mediáticamente, igualmente aparecen algunos parientes de funcionarios.
Para tener un parámetro del costo de cada supervisor y asesor, de acuerdo con lo que pudo averiguar este medio, un índice 1,00 cobra 18.200 pesos en bruto, es decir sin los descuentos de ley.
Entre los nombrados, los que menos cobran son las personas que fueron designadas con índices 0,50, mientras que los que más perciben poseen índices que llegan al 1,40 y podrían hasta cobrar más que un director provincial.
Pero aparte de lo que se percibe como índice, algunos asesores y supervisores pueden cobrar adicionales dependiendo el organismo en donde fueron nombrados. Por lo que no es lo mismo un índice en la secretaría de la Vivienda que en el ministerio de Salud.
Entre las áreas que más nombramientos recibieron se encuentra el ministerio de Obras Públicas que comanda Rubén Dusso, con 41 índices. Le siguen la cartera de Servicios Públicos con 29 nombramientos y la de Gobierno y Justicia, con 28.
$18.200
Es lo que cobra un asesor o supervisor con un índice 1,00 en bruto, es decir sin los descuentos de ley. También pueden cobrar adicionales.
