el próximo lunes se abre una instancia para aportar nuevas pruebas y luego se fijará la fecha

La causa por el megafraude llegó a la Cámara Penal para el juicio

Finalmente, la investigación llegará a juicio. Son diez los imputados por fraude contra la administración.
13 de abril de 2016 - 04:05 Por Redacción El Ancasti
La causa por el megafraude en Desarrollo Social, que se inició en el 2004, llegó a la Cámara Penal N° 1 para que, finalmente en juicio, se determine la responsabilidad de ex funcionarios, empleados del Estado y empresarios por la contratación de cursos de capacitación que no se realizaban o se realizaban sin el número de asistentes declarado, y por los que se pagaban abultadas sumas de dinero. Son 10 los imputados por el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública, con distintos grados de participación en los hechos investigados.
La investigación se inició en 2004 a partir de una publicación de diario El Ancasti, pero la causa tuvo apelaciones y planteos formales de los abogados defensores que retrasaron el juzgamiento. Para tener dimensión de la magnitud de la causa, fuentes judiciales confirmaron que llegó a la Cámara Penal con 10 mil fojas distribuidas en 47 cuerpos.

El año pasado, la Cámara de Apelaciones había rechazado los planteos realizados por las defensas de los imputados. Tras la resolución, el expediente volvió a su lugar original y posteriormente fue el juez de Garantías, José Antonio Carma, quien concluyó la investigación y la elevó a juicio para que finalmente sea debatida en la Cámara Penal.

La causa llegó a la Cámara el lunes pasado. En la actualidad, el tribunal está integrado por los jueces Fernando Esteban, Roberto Dionisio Mazzucco y Carlos Roselló. A partir del lunes próximo, se abre el período de prueba por diez días. En ese plazo, el fiscal de la Cámara Penal Jorge Silva Molina y también las partes involucradas podrán solicitar la incorporación de nuevas pericias. Tras la finalización del período de prueba, la Cámara Penal fijará la fecha para el debate oral y público, que se estima que podría ser durante este año.

Los imputados

El 17 de junio de 2014, el juez de Control de Garantías, José Antonio Carma, dictó la resolución por la que elevaba a juicio a los 10 imputados que tiene la causa por el delito de fraude contra la Administración Pública.
Se trata del ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera gestión gubernamental de Eduardo Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, por 24 hechos en concurso real en calidad de autor; 17 hechos de falsificación de material de instrumento público en concurso real en calidad de autor. El segundo involucrado fue el ex director de Políticas Juveniles Ariel Regina, por 24 hechos en calidad de partícipe necesario; el presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante, 13 hechos en concurso real en calidad de autor; el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu, 11 hechos en concurso real en calidad de autor. La imputación alcanza también a una ex empleada de Desarrollo Social (24 hechos) en calidad de partícipe secundaria y a funcionarios que se desempeñaban en el Ministerio de Hacienda que habrían colaborado en la trama para favorecer los pagos.

En este sentido, está involucrada María Cristina Barros de Voget por 24 hechos en concurso real en calidad de partícipe secundaria; Guillermo Alberto López por 24 hechos como partícipe secundario, Liliana del Valle Jalil de Barrera, 24 hechos como partícipe secundaria; Susana Beatriz de la Colina por 24 hechos como partícipe secundaria y el ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios por 24 hechos como partícipe secundario. La resolución fue apelada y por ello debió intervenir la Cámara de Apelaciones.

La trama judicial

Como se dijo, la causa pasó por varias instancias que complicaron su elevación a juicio. A fines de abril de 2010, Carma ya había elevado la causa a juicio, pero solo comprometía a Córdoba Molas, Regina y Carlos Arriazu.
En ese marco, dictó el sobreseimiento para el resto de los imputados en forma total y definitiva. No obstante, el fiscal instructor de la causa, Ezequiel Walther, apeló la resolución de Carma al considerar que todos debían ir a juicio porque de la investigación surge que hubo omisiones en el control que facilitaron toda la trama de corrupción.

La Cámara de Apelaciones revocó el sobreseimiento de los ex funcionarios, empleados y funcionarios. La resolución ordenaba al juez de Control de Garantías que dicte el procesamiento para el resto de los imputados y ésa fue la resolución de junio de 2014.

Los hechos 

En octubre de 2004, El Ancasti publicó la investigación periodística sobre las contrataciones de cursos de capacitación en la Secretaría de Desarrollo Social con las fundaciones Ideia y Jóvenes en Progreso.
A través de subsidios a nombre de presuntos participantes en las actividades, el área de Desarrollo Social liquidaba importantes sumas convenidas por el dictado de los cursos.

Cuando las maniobras salieron a la luz, el área había destinado más de 5 millones de pesos para las dos entidades.

Los funcionarios de Hacienda quedaron bajo sospecha por la celeridad con la que las fundaciones lograban efectivizar los pagos de los expedientes.

Diez años después de los hechos, el Tribunal de Cuentas confirmó el megafraude cometido en el área de Desarrollo Social a través de actividades de capacitación organizadas por fundaciones
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