domingo 15 de noviembre de 2026
la resolución fue de la jueza marcela soria acuña

Tendido de El Portezuelo: rechazan planteo para levantar la suspensión

Fiscalía de Estado había pedido que se deje sin efecto la medida cautelar por la que se paralizó la obra eléctrica.

Por Redacción El Ancasti
En octubre del año pasado, la titular del juzgado Civil Nº 5, Marcela Soria Acuña, rechazó un planteo iniciado por abogados de Fiscalía de Estado a través del cual solicitaban el levantamiento de la medida cautelar por la que en julio de 2013 se suspendió la continuidad del tendido eléctrico sobre la Cuesta del Portezuelo. La Justicia no solo investiga si existió perjuicio ambiental sino que también hay otra causa iniciada por las irregularidades administrativas que rodearon a la ejecución de la obra.

Fiscalía de Estado argumentó que el perjuicio que atiende la acción de amparo "debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible y, al mismo tiempo, se exige que la lesión sea actual y que subsista en todas las instancias que se produzcan". El Estado consideraba que no había daño ambiental y para ello presentaba un informe de impacto ambiental que fue realizado con posterioridad por la Subsecretaría de Ambiente y en el que sostiene que el impacto negativo por la obra cuestionada es menor.

Sin embargo, la jueza Soria Acuña rechazó el planteo al considerar que no se modificó la situación inicial por la que se dictó la medida cautelar. 

La defensa de Eduardo Aroca, quien inició el amparo ambiental, rechazó el planteo del Estado al sostener que "nada ha cambiado desde que se inició la demanda como para que este proceso pueda ser declarado sin materia".

Con respecto al informe ambiental, el amparista señalaba que "en nada modifica los hechos relatados en la demanda, pues no solo se trata de un informe posterior a la ejecución de la obra, lo que no solo implica una transgresión a la legislación ambiental, sino que se trata de un trabajo hecho a medida por un órgano del Estado, para tratar de salvar, aunque sin éxito, las torpezas y tropelías cometidas en la Cuesta del Portezuelo y su entorno con motivo de la obra".

Tras atender a los planteos de las partes, la jueza Soria Acuña rechazó el planteo de Fiscalía de Estado al sostener que no había desaparecido la situación por la que se originó el amparo y por lo tanto rechazó un planteo de "causa abstracta". 

Sucesión de irregularidades 
En julio de 2013 se inició una acción de amparo ambiental contra el Estado provincial y contra la empresa constructora, que tenía la concesión, por el daño ocasionado en el ambiente con motivo de la ejecución de la línea eléctrica de 33 kv Santa Cruz- Las Antenas (Cerro Ancasti) para el suministro de energía para el sistema de TV digital abierta en la Cuesta del Portezuelo. Sin embargo, la medida judicial por la que se suspendió la continuidad de la obra fue solo la culminación de un proceso que estuvo plagado de irregularidades y que luego quedaron al descubierto. 

De hecho, además del amparo ambiental hay otra denuncia radicada en la Justicia por la que pidió que se inicie investigación penal para que se indaguen los presuntos ilícitos ocurridos en el marco de la contratación directa para la ejecución de la línea eléctrica de 33 Kv Santa Cruz- Las Antenas (Cerro Ancasti).

En primer lugar, hay que recordar que el 30 de diciembre de 2011 se sancionó la ley 5353 por la que se declaró la emergencia de los servicios públicos. En la presentación, que fue iniciada por el ex diputado Juan Pablo Millán, se recuerda que la ley no había fijado la contratación de obras de comunicaciones o transporte público como prioridad, "toda vez que estos servicios fueron deliberadamente excluidos de la declaración de emergencia correspondiente”.

Sin embargo el 25 de julio de 2012, el ex ministro Julio Molina adjudicó la obra y el 2 de agosto firmó el contrato de obra pública. La línea eléctrica a construir de 33 kv tenía contemplada una longitud de 7.000 metros y arrancaba en Santa Cruz en estructuras de madera ya existentes. Se preveía que la línea eléctrica vendría a reemplazar a otra ya existente.

Una vez rubricado el contrato y antes de comenzar la ejecución de la obra, la contratista, a través de quien fuera su representante técnico, el ex ministro de Servicios Públicos Gustavo Aparicio, solicitó mediante nota de pedido la aprobación de un cambio de traza de la obra, alegando supuestas ventajas técnicas. Sin embargo, este cambio en la traza implicaba en los hechos una obra distinta de la contratada, ya que se modificaba por completo el recorrido de la línea.

 El papel del ex ministro

El ex ministro Gustavo Aparicio fue el representante técnico de la empresa que requirió y obtuvo el cambio de la traza original del tendido polémico. Tras la renuncia del ex ministro Luis Romero, ocurrida en noviembre de 2013, asumió como titular del área de Servicios Públicos. El Ancasti reveló que el ahora asesor en el Ministerio de Obras Públicas actuó en los "dos lados del escritorio" como representante de la empresa privada y luego, como ministro, defendió la legalidad de la medida que había tomado.
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