Tras la decisión unilateral de la empresa de cambiar el recorrido de la línea eléctrica que se había aprobado en el contrato de concesión se sucedió una serie de irregularidades administrativas que demostraron que no se trataba solo de la destrucción del paisaje que afectaba a la Cuesta del Portezuelo.
En aquel momento, el pedido de Aparicio, representante técnico de la contratista, fue cursado por el inspector de obra, Ernesto Sandoval, a la Dirección de Estudios Proyectos y Obras de la Subsecretaría de Energía, a cargo de Oscar Pastorelli. El 9 de octubre de 2012, a través de una nota, el funcionario aprobó la traza propuesta por la empresa. Fue así que la empresa comenzó la ejecución de la obra, con una traza distinta de la prevista en la memoria descriptiva y pliegos que formaban parte del contrato.
Pocos días después, un informe del inspector de Obra designado por el Ministerio de Servicios Públicos, Ernesto Sandoval, reveló que la obra estaba en marcha. Sandoval, que no certificó los trabajos realizados hasta ese momento, advirtió que las condiciones de contratación de la obra y la nueva traza presentaban variaciones que superaban el 20% estipulado en la ley de Obras Públicas. Según el cálculo que realizó Sandoval, había una diferencia de $600 mil entre la traza que había sido contratada por el Estado (7.000 metros) y la que finalmente realizó la empresa, lo que representaba una diferencia del 35% a favor de la Administración.
Sandoval, según consta en el expediente, agregó que "la justificación técnica-económica del cambio de traza carece, a criterio de esta inspección, de la justificación económica, ya que no hay cálculos ni demostración que sean relevantes para verificar que no se ha superado el límite que establece la ley de Obras Públicas".
También advirtió que la contratista no había presentado el proyecto ejecutivo de la nueva traza y sin embargo había avanzado en la realización de excavaciones para la colocación de postes. Por estas razones, había decidido no aprobar el certificado de obra.
El Ancasti reveló que el polémico cableado eléctrico no solo no tenía el informe de impacto ambiental, que debía aprobarse antes de iniciar el tendido, sino que al momento de ser iniciado tampoco tenía la correspondiente autorización ministerial para realizarse. En ese momento, el ex ministro de Servicios Públicos Julio Molina había confirmado que hasta su renuncia al cargo no se había aprobado ninguna modificación al proyecto original de la línea, que iba por un lugar distinto.
El testimonio de Molina fue clave porque el ex funcionario explicó que durante su gestión al frente de la cartera de Servicios Públicos se definió que el emplazamiento de la línea de 33kv "Santa Cruz- Las Antenas" sería "en la zona de servidumbre de la línea existente. Es decir, se mantenía la traza de la obra con la de la vieja línea de 13,2 kv".