lunes 16 de noviembre de 2026
está a cargo de maría alejandra biotti

El pedido de amparo contra el tarifazo ya tiene juzgado

Por Redacción El Ancasti
El pedido de amparo presentado por el diputado provincial Hugo Argerich (FV) para dejar sin efecto la Resolución Nº6/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, con la que se fijaron los nuevos precios al Mercado Eléctrico Mayorista, recayó en el juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 5 a cargo de María Alejandra Biotti. 

La presentación del presidente del bloque de diputados oficialistas había sido enviado a los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el juez federal de Catamarca, Ricardo Moreno, luego de declararse incompetente en la causa.

Ahora falta definir en qué Secretaría recaerá el expediente para que empiece a ser analizado.

La jueza Biotti fue ratificada en su cargo durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (antes estaba como subrogante) y tuvo en sus manos algunas causas que tuvieron repercusión política y mediática. Una de ellas es la pelea entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires por el traslado de la escultura de Cristóbal Colón de la plaza que se encuentra detrás de Casa Rosada.

También intervino en la polémica por el desplazamiento de Luis María Cabral como juez subrogante de la Cámara Federal de Casación que tenía la causa por del acuerdo entre Argentina e Irán.

El juez federal de Catamarca había trasladado la causa iniciada por Argerich al considerar que el planteo no debía ser definido en esta jurisdicción, teniendo en cuenta que la resolución del Ministerio de Energía se firmó en la CABA, donde se encuentra la sede del Poder Ejecutivo Nacional. 

A través de su presentación, el presidente del bloque del FV busca impugnar y dejar sin efecto el aumento en las tarifas de energía eléctrica. El legislador entiende que la medida es arbitraria, ilegal y que "llevará a gran parte de la población a la indigencia o la pobreza". Además, consideró que se omitieron procesos legales, como la intervención del ENRE.

A su vez, considera que la Resolución "provoca un quiebre social por la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios, donde las clases medias y más necesitadas resultan afectadas por la nueva disposición de recursos económicos para afrontar los pagos, sin la correlativa garantía de que el servicio funcionará en condiciones óptimas".
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