El presidente de la Corte de Justicia, José Cáceres, negó que el Poder Judicial pretenda nombrar 400 empleados más. Aseguró que se pretende recortarle fondos a la Justicia para destinarlos al Poder Legislativo.
"Es una falacia, un invento, una operación con la que quieren justificar los 100 millones de pesos que nos quieren quitar para transferir a otros poderes y cubrir otras falencias", señaló.
Cáceres sostuvo que el Poder Judicial mantiene un presupuesto equilibrado y agregó que este año solo se nombraron 24 empleados a pesar de que la demanda es mayor.
En igual sentido defendió los sueldos que se pagan en ese Poder. "Con apenas el 3% del presupuesto de la Provincia administramos bien; yo pregunto por qué los otros que se llevan todo el presupuesto no tienen sueldos acordes a la necesidad. No hay que nivelar para abajo. Estamos por debajo de la justicia federal y en comparación con el resto de país estamos en el medio", dijo.
A través de un documento, el presidente de la Corte de Justicia amplió su postura: "La Federación de Cortes y especialistas en el tema sostienen que el presupuesto asignado a la Justicia no debe ser nunca menor del 5%. La Constitución de San Juan fijó un porcentaje no inferior al 6% para el Poder Judicial y el 1% al Poder Legislativo".
"Más escandaloso que tener que defender un presupuesto razonable para la administración de justicia es pensar a quién va dirigida la quita. Históricamente ese arrebato es asignado al Poder Legislativo cuyo presupuesto representa un índice apenas por debajo del de la Justicia".
Luego, argumenta que es tradicional el ataque al Poder Judicial por el nivel de los sueldos. "Ello se debe a una administración saneada y razonable. El Poder Judicial no es responsable de la incapacidad de otros órganos para administrar con prudencia y moderación y por lo tanto no se puede hacer cargo de los excesos de los otros".
"Si los sueldos del Poder Judicial están por encima del resto de los empleados de la Provincia solo se debe a una administración equilibrada en sus gastos y en sus nombramientos lo que permite el pago de salarios en blanco, resultado este hecho clave en la incidencia presupuestaria, ya que si la Justicia pagara en negro, su presupuesto se reduciría.
Más adelante, el juez señaló que el recorte de $ 100 millones afectaría el normal funcionamiento de la Justicia para el año próximo y hasta se vería comprometido el aumento salarial para los empleados.
"Despojar al Poder Judicial de los fondos necesarios para el funcionamiento es castigar al poder que más correctamente administra los bienes públicos, es atropellar el sistema republicano", concluyó.
