Un grupo de empleados del Tribunal de Cuentas inició un quite de colaboración por la supuesta falta de recursos para trabajar en el organismo. En este sentido, reclamaban que los miembros del Tribunal de Cuentas bajen a una asamblea de trabajadores para informar cómo se había invertido el presupuesto de este año. Pero en realidad el trasfondo de la medida gremial es que quieren una nueva designación de parientes, como ya ocurrió en 2014, y además reclaman un premio para los empleados que ya tienen 30 años de servicio. Esta vez, la conducción del organismo le puso un límite a la situación y a través de una nota le pidió al gremio que "sincere" cuáles son los motivos reales de la protesta. Además, pidió la conciliación obligatoria, medida que fue otorgada por la Dirección de Inspección Laboral, por lo que las medidas quedaron sin efecto.
La revuelta comenzó al poco tiempo del desembarco del nuevo miembro del TC, Hugo Argerich, porque se acordó la designación de empleados externos al organismo que eran necesarios para cumplir funciones, en el marco de las facultades que tiene la conducción de aquél, porque existía la previsión presupuestaria. En ese contexto, el tribunal designó a una empleada administrativa, un abogado y un ingeniero agrónomo. El malestar por estos ingresos comenzó a circular por los pasillos del Tribunal. Según la documentación a la que accedió este diario, el 12 de septiembre una gran cantidad de empleados firmó una nota dirigida a la comisión directiva de APETCRA (Asociación del Personal de Tribunales de Cuenta de la República Argentina) en los siguientes términos: "Habiendo tomado conocimiento de las recientes designaciones de personal para cumplir distintas funciones en este Tribunal solicitamos a ustedes intercedan antes las autoridades del Tribunal de Cuentas a fin de solicitarles una audiencia para tratar el tema sobre la incorporación a este Tribunal de nuestros parientes, ya conversado oportunamente con las autoridades, cuyos currículum vitae se encuentran en la secretaría de gestión de personal desde hace largo tiempo”.
Una semana después, la secretaria del gremio, Mirta Aísa, junto a la secretaria de Actas, Susana de Sosa, enviaron una copia de esta nota a las autoridades del Tribunal y otra por la que solicitaban la audiencia. El malestar del gremio es porque las autoridades no accedieron al pedido de participar en una asamblea pública para responder a los planteos.
Otro reclamo gremial es que se pague un premio a los trabajadores que ya tienen 30 años de antigüedad en el organismo. Según se evaluó hay 40 empleados que cumplen este requisito. La bonificación consistiría en un sueldo más o un sueldo y medio, según los distintos planteos, tal como se liquida en el Poder Judicial. Además existiría un antecedente en el Tribunal de Cuentas, de principios de 2000, cuando se reconoció a los trabajadores que habían cumplido 25 años. En ese momento se pagó un parte de ese premio y quedó un compromiso de pagar el faltante cuando cumplieran 30 años. Aunque luego no se liquidó porque la medida quedó sin efecto.
Implementar otra vez aquella medida representa un costo de $ 1.800.000 y sería una cifra que el organismo no estaría en condiciones de asumir.
Ante la negativa de atender ambos reclamos, el gremio decidió el quite de colaboración para ayer desde las 10 hasta las 13.
Pero ayer, en el inicio de la jornada, los miembros del Tribunal de Cuentas, Mardonio Díaz Martínez, Víctor Villarroel y Hugo Argerich, respondieron a los planteos en duros términos (ver aparte).
"Que sinceren los pedidos"
Ante la medida de fuerza y las declaraciones periodísticas de la secretaria general, Mirta Aísa, la respuesta del organismo fue en duros términos: "No comprendemos a ciencia cierta cuál es el verdadero motivo de la medida de fuerza adoptada. Entendemos que si la misma obedece a vuestra pretendida aspiración de que se continúe designando en este Tribunal de Cuentas a los hijos y/o familiares de empleados, deberían realizar el planteo concretamente".
Y añade: "En idéntico sentido, si la motivación del reclamo viene dado por el anhelo de que se otorgue al personal el premio por los 30 años de servicio, debería ser claramente expuesto".
"Advertimos que vuestra pretensión de que los miembros del Tribunal bajen para hablar en la asamblea se torna excesivo y hasta caprichoso, toda vez que cada uno de los integrantes de este tribunal los han recibido cada vez que lo solicitaron", sigue.
En otro punto, niega que se hubieran interrumpido las comisiones de servicio para auditar en el interior.
De tal palo, tal astilla
En 2014 se abrieron cupos en el TC y allí la puja fue para que las designaciones sean para los hijos de algunos empleados bajo el pretexto de que muchos de ellos conocen el funcionamiento del organismo desde niños.
Fue en la segunda quincena de septiembre, cuando ingresaron al TC 45 nuevos empleados administrativos, de los que 27 son hijos de empleados. Los otros 18 correspondieron al cupo externo de las autoridades del organismo, todos ellos con categoría 8. En su propuesta inicial, el gremio había pedido el ingreso de 34 hijos de empleados, aunque finalmente se redujo a 27 porque hubo siete matrimonios que desistieron del pedido por trabajar ambos en el TC.
En ese momento, la sindicalista Mirta Aísa dijo que "para estos chicos será la primera experiencia laboral y conocen el TC a través de sus padres. Tienen una doble responsabilidad, porque saben que no pueden hacer quedar mal a sus papás. La verdad es que estábamos muy contentos y no pensamos que estemos haciendo algo indebido".
Con este logro consumado, el gremio pidió ocho designaciones el año pasado. La medida fue rechazada por cuestiones presupuestarias y quedó para este año.
El conflicto, a la DIL
El relator legal del Tribunal de Cuentas, René García Olmedo, pidió la conciliación obligatoria ante la Dirección de Inspección Laboral y la primera audiencia será el miércoles a las 9.
En los fundamentos, señala que el jueves 3 se realizó una supuesta asamblea abierta para todo el personal que no fue comunicada a las autoridades del organismo.
En otro punto solicitó la intervención del organismo para que declare ilegal la medida de fuerza tomada en la asamblea, que consistía en el quite de colaboración de 10 a 13.
Por último, pidió la conciliación obligatoria, como instancia previa a cualquier medida de fuerza. Finalmente, la DIL admitió el pedido de conciliación. Los trabajadores debieron levantar las medidas.
