Desesperados por la situación que les toca vivir, los cesanteados de Antofagasta de la Sierra volvieron a pedir ser reincorporados al municipio. Es que ya llevan más de 11 meses sin poder cobrar, a pesar de que la Corte de Justicia de la Provincia le exigió al intendente Julio Taritolay que los reincorpore.
En diálogo con El Ancasti, el representante de los trabajadores dados de baja, Cirilo Quipildor, dijo que la situación de los 42 empleados es "desesperante".
"Hoy estamos viviendo una situación crítica, con serios problemas familiares, porque ya no sabemos qué hacer", dijo.
El ex trabajador indicó que ya pasaron dos meses desde que la Corte dio la orden a Taritolay para que sean reincorporados al municipio, pero "sigue desconociéndola".
"Cuando nos acercamos al municipio, con el fallo de la Corte para volver, nos atendió una secretaria diciéndonos que desconocía el fallo. Pasó el tiempo y a dos meses de la resolución, seguimos en la misma", comentó.
Quipildor indicó que no quieren generar problemas al intendente ni al municipio sino que "se respeten los derechos".
"Cuando vamos a pedirle la reincorporación, nos dicen que vayamos a reclamarle a (Carlos) Fabián, pero el intendente es él y nos tiene que dar una solución porque la justicia así lo dispuso", sostuvo.
A lo que agregó: "Que Fabián haya hecho las cosas mal, a nosotros no nos interesa porque es responsabilidad de él; nosotros queremos que nos respeten nuestros derechos".
Más adelante y ante la "complicada" situación que les toca vivir, Quipildor aseveró que muchos de los ex trabajadores tuvieron que buscar otras fuentes laborales. "Muchos tuvieron que buscar otras cosas hasta que esto se solucione, aunque varios seguimos con una mano atrás y otra adelante a la espera de alguna novedad", aseveró.
Por último, indicó que sienten "mucha impotencia" porque el intendente tenía solo 10 días para apelar la medida de la Corte y lo hizo recién después de los 20. "Tenía hasta el 13 de septiembre para hacer una presentación y la hizo finalizado el mes y la Justicia se la aceptó", dijo.Los 42 empleados fueron dados de baja apenas Taritolay ingresó al municipio. El intendente argumentó la medida señalando que los pases a planta permanente fueron hechos en forma ilegal. En septiembre, el máximo tribunal de justicia le dio la razón a los empleados.