La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Marcelo Sago, elevó a juicio una causa que tiene como imputados a dos empleados administrativos del Ministerio de Educación. Se trata de Juan Carranza y Franco Cejas que serán juzgados por el delito de fraude en perjuicio a la administración pública por la falsificación de cheques.
La denuncia fue iniciada el año pasado por el Ministerio de Educación, tras una auditoría interna que se realizó en una de las dependencias del organismo. Los agentes se habrían quedado con cheques de una cuenta del Ministerio de Educación, luego falsificaron el endoso y los cobraron.
Según la investigación, Carranza, empleado de planta permanente, habría cobrado por 13 cheques y por ello está imputado por 13 hechos de fraude por un monto total de $ 200 mil que llegó a cobrarlos.
Cejas era un empleado contratado y está imputado por otros cinco hechos por un monto de $ 60 mil, aproximadamente.
Carranza había sido convocado a declarar a fines de junio de este año. En esa oportunidad se abstuvo y recuperó la libertad por tratarse de un delito excarcelable.
Cejas dijo que "lo mandaron" a cobrar cheques pero no se acordaba quién lo había mandado. El debate revelará si hay funcionarios involucrados en la maniobra.
El Código Penal fija una pena de dos a seis años para el que cometa fraude en contra de la administración pública.Antecedente
El miércoles pasado se condenó a un directivo de una escuela por malversación de fondos públicos. Se trata de una investigación que en 2014 se inició también en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y que rápidamente se elevó a juicio por tratarse de una causa que no tenía tanta complejidad. Claudio Brizuela, profesor de historia y director de escuela Nº8 José Cubas, fue condenado a la pena de 3 años y 6 meses de prisión.
El docente estaba acusado del delito de malversación de caudales públicos y había gastado más de 500 mil pesos de fondos destinados a los alumnos.
