El empresario Alfredo Córdoba Bustos y los ex funcionarios Eduardo Tomassi y José Vicente Montenegro se abstuvieron de declarar ayer ante la Fiscalía Nº 6 por la causa de Ampajango. Están acusados de presunto fraude en perjuicio de la Administración Pública por la obra energética LMT 33 KV Ampajango-Santa María, cuya ejecución comenzó en mayo de 2008 pero que se concluyó varios años después luego de detectarse una serie de irregularidades.
Córdoba Bustos, titular de la empresa ALMACOR, obtuvo un pago de $7.193.659 por un supuesto avance de obra del 94,39%. Pero tras la asunción del Gobierno del Frente para la Victoria (FV) el ex ministro de Servicios Públicos Julio Molina elevó un informe a Fiscalía de Estado en agosto de 2012 en el que hacía mención que la obra energética se encontraba en el 65% de ejecución. Y a mediados de septiembre de ese mismo año Fiscalía de Estado presentó la denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública.
En la acusación, el fiscal Sago advierte que la maniobra contó con la "participación necesaria” del ex ministro de Obras Públicas, Juan Acuña; el ex subsecretario de Servicios Públicos, Rafael Assante; ex director provincial de Infraestructura Energética, Eduardo Tomassi, y el ex inspector designado para controlar la ejecución de la línea de 33kw de Ampajango, José Vicente Montenegro. También está implicada la empresa MAKER’S Construcciones y Servicios, de Walter Feltrín.
