La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, a cargo de Marcelo Sago, imputó al ex ministro de Obras Públicas Juan Acuña y al ex subsecretario de Servicios Públicos Rafael Assante en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el desembolso de fondos en la polémica obra eléctrica de la línea de 33kw que comprende el trayecto Ampajango–ciudad de Santa María.
Junto a Acuña y Assante también quedaron imputados por la Justicia el empresario Alfredo Mario Córdoba Bustos, titular de la firma ALMACOR, el ex director de Infraestructura Energética Eduardo Tomassi y el ex funcionario Juan Carlos Montenegro, entre otros.
La denuncia penal fue radicada por Fiscalía de Estado ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública a mediados de septiembre de 2012 por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en contra de la Administración Pública y posible asociación ilícita.
Es que la contratista ALMACOR cobró por la ejecución del 95% de la obra, aunque la empresa solo construyó el 65%. En 2008 la obra estaba presupuestada en $7,4 millones, de los cuales ALMACOR habría embolsado un extra de $2,4 millones.
A su vez, en octubre de 2010 la entonces gestión del Frente Cívico y Social (FCS) realizó el acta de rescisión de la obra que, a juicio de Fiscalía de Estado, no presentaría "elementos claros” que justifiquen esa resolución.
Luego aparece en escena la empresa MAKER’S Construcciones y Servicios, de Walter Feltrín, a la que se contrató para que culminara con el 35% de la LMT 33 KV Ampajango-Santa María. MAKER’S fue contratada por $750.000 y se le otorgó un anticipo de $375.000. Sin embargo, tras asumir el Frente para la Victoria (FV) el Gobierno provincial en diciembre de 2011, el nuevo equipo técnico de Servicios Públicos informó que en la obra energética seguiría faltando el 35% restante, no registrándose trabajos en la línea de Ampajango.
Informe
La denuncia por la obra energética fue promovida por el ex ministro de Servicios Públicos Julio Molina, quien en agosto de 2012 elevó un informe a Fiscalía de Estado sobre las irregularidades que habrían detectado en la línea de alta tensión de Ampajango-Santa María. En el acta de rescisión –señala el informe de Molina- no se "asentaron las causales que originaron la anulación del contrato” con la empresa ALMACOR. Y se advierte que, en la readjudicación a MAKER’S Construcciones y Servicios, "no se especificó el detalle del faltante de obra para hacer una certificación correcta, ni se especificaron las estructuras y conductores faltantes para concluirla”.
