lunes 16 de noviembre de 2026
no hay más etapas para demorarlo

Quedó firme la elevación a juicio por el megafraude

Por Redacción El Ancasti

La elevación a juicio de la causa del megafraude de Desarrollo Social quedó firme y en los próximos días se conocerá a qué Cámara Penal recayó el expediente para que dé inicio al proceso oral. Es que los abogados de los involucrados no hicieron ninguna presentación en contra de la elevación a juicio en la última instancia que tenían para frenar el proceso que era la de casación y el plazo venció ayer. De esta manera, y al no quedar instancias para demorar más el juicio, se podría determinar la responsabilidad de funcionarios, empleados del Estado y empresarios por la contratación de cursos de capacitación que no se realizaban o se realizaban sin el número de asistentes declarado, y por los que se pagaban abultadas sumas de dinero.

De acuerdo con lo que pudo conocer El Ancasti, lo que sigue ahora es que la Cámara de Apelación devuelva el expediente de la causa al Juzgado de Garantías a cargo de José Antonio Carma que, de acuerdo con la fecha del hecho, definirá a qué Cámara Penal corresponde que envíe la causa para que dé inicio al juicio.

Última etapa

En junio del año pasado, el juez Carma dictó la resolución por la que eleva a juicio a los 10 imputados que tiene la causa por el delito de fraude contra la Administración Pública. A partir de ese momento, se abrió la instancia para que los involucrados puedan presentar oposiciones ante la Cámara de Apelación. En esa instancia se presentaron planteos de nulidad, pero fueron rechazados por la Cámara. Por último, quedaba la etapa de casación, pero los abogados no hicieron uso de este recurso.

Los imputados que irán a juicio son el ex secretario de Desarrollo Social durante el primer tramo de la primera gestión de Eduardo Brizuela del Moral, Pablo Córdoba Molas, por 24 hechos; el ex director de Políticas Juveniles, Ariel Regina, por 24 hechos; el ex presidente de la Fundación Ideia, Hugo Diamante (13 hechos); el titular de la Fundación Jóvenes en Progreso, Carlos Arriazu (11 hechos); la ex empleada de la Secretaría Nancy Madueño (24 hechos). También estaban involucrados funcionarios del Ministerio de Hacienda. Ellos son el ex contador de la Provincia Juan Andrés Barrios (24 hechos); la ex subcontadora general Susana De la Colina (24 hechos) y los ex empleados Cristina Barros de Voget (24 hechos), Guillermo López (24 hechos) y Liliana Jalil de la Barrera (24 hechos).
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