martes 17 de noviembre de 2026
reclamo por la liquidación de la asignación complementaria

Dictamen avala el cálculo de lo no remunerativo en el 82% móvil

Es una resolución de Asesoría General de Gobierno que cuestionó una resolución de AGAP.

Por Redacción El Ancasti

En febrero de este año, la Asesoría General de Gobierno emitió un dictamen por el que ordena a la Administración General de Asuntos Previsionales que liquide el 82% móvil  de un ex funcionario de la Municipalidad de la Capital, atendiendo a los conceptos no remunerativos que componen el sueldo y ordena producir una nueva liquidación. El dictamen todavía no quedó firme en la vía administrativa  porque la AGAP pidió que se revise la resolución, pero los jubilados que perciben la asignación complementaria insisten en que se consideren los conceptos no remunerativos para el pago del 82% móvil.

En octubre de 2013, el  jubilado Enrique Sir inició un reclamo por el que solicita a la AGAP la liquidación de haberes de acuerdo con el decreto 776/ 13. Esa normativa  del Ejecutivo provincial disponía la inclusión de conceptos no remunerativos, a partir del aumento salarial otorgado en mayo de 2013 a la administración pública, para el cálculo del haber testigo de la asignación complementaria.

 En la presentación, Sir recordó  que accedió a un retiro voluntario como empleado del Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital. En ese momento, revistaba categoría 29 y cumplía funciones como secretario general del Concejo.  El decreto del Ejecutivo  (776/13) dispone también en su artículo 2  la inclusión de  un incremento otorgado por la Municipalidad de la Capital, el 23 de mayo de 2013. Se trata de un complemento salarial no remunerativo y no bonificable que se denominó "Complemento salarial 22". En esa línea, argumenta que el haber testigo de un empleado categoría 29  resulta ser  en ese momento de $ 27.323, de acuerdo con los informes producidos por el Concejo Deliberante, y agrega que sus haberes varía mes a mes y "resultan ser sensiblemente menores al haber testigo denunciado". Puntualizaba en el reclamo que  el adicional reconocido por la ordenanza había sido  liquidado en forma disminuida ya que se abonó solamente el 20% del adicional.  En consecuencia, pidió que se practique la liquidación complementaria para abonar las diferencias salariales existentes a su favor por los períodos mayo/agosto 2013.

En noviembre del año pasado, la AGAP rechazó la pretensión de Sir. La AGAP argumenta que para el cálculo de la asignación complementaria  "solo deben ponderarse los conceptos remunerativos incluidos en el salario de un agente en actividad que detente el mismo cargo, más las asignaciones y /o adicionales que el Poder Ejecutivo haya decidido incluir”.  Incluso, concluye que  existía una diferencia de más de $ 3.000 a favor del Estado.

"Animosidad"

Sir siguió el trámite administrativo en interpuso un recurso de alzada contra la resolución de AGAP. El trámite resultó favorable para su reclamo. "Existe una clara animosidad por parte de la AGAP en contra del reclamante, derivando ello en una arbitrariedad manifiesta", indica el dictamen. En este sentido, solicita que se revoque la resolución y se ordene a la AGAP que incluya en la base del cálculo  del  haber testigo los adicionales establecidos en la ordenanza 5607/13.  Agrega que se debe proceder a la reliquidación del beneficio en el período que va desde mayo de 2013 a la actualidad.

 

En febrero de 2015, el expediente llegó a la Asesoría  General de Gobierno y también recomienda hacer lugar a la solicitud de Sir.

El abogado Ezequiel Romero concluye que se "evitará un desgaste jurisdiccional innecesario y la posible carga de soportar las costas judiciales"  en caso de que  Sir decida recurrir a la Justicia. El 24 de abril, la AGAP  devolvió el expediente a la Asesoría  General de la Gobernación para que analice el dictamen.  El  30 de junio vencerá el plazo de 90 días hábiles para que la AGAP se expida en forma definitiva.

"El calvario de los jubilados"

Enrique Sir,  que además es un dirigente político de la Unión Cívica Radical, consideró que hay un calvario para  los jubilados. Pero recordó que la situación se inició con el ex administrador de la AGAP, Carlos Ortiz , "porque hacía lo que quería con el cálculo del 82% móvil", dijo.

 

"El Estado provincial, a través de AGAP, no aplican los instrumentos legales vigentes. Hay varios decretos en vigencia que establecen que se debe incluir los conceptos no remunerativos y no bonificables para el cálculo del 82% móvil. Hoy, a los jubilados de la Municipalidad de la Capital, no le aplican esos decretos para el cálculo de la movilidad".

 Sir anticipó que tiene el tiempo y la disposición para seguir el reclamo en la Justicia. "Plaza no contesta ningún reclamo. Gracias a Dios que la Corte nos acepta el recurso de amparo por mora administrativa", manifestó.

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