El ministro Dusso también incluyó los siguientes argumentos en el escrito que presentó ayer ante Fiscalía:
- Desde esta perspectiva y en el supuesto caso de considerarse comprometidos intereses pecuniarios del erario, correspondería a los intereses de la Nación Argentina, por lo cual la competencia resulta ser exclusiva y excluyente de carácter federal, conforme lo estipula el art. 33 inc. 4 del C.P.P. de la Nación.
- Según lo establecido por la Constitución de la Nación Argentina, que expresa que corresponde a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas de los asuntos en que la Nación sea parte (Art. 116 C.N.), como claramente se explicita en el presente escrito, no solo que la Nación a través de sus organismos avaló todo el actuar del Ministerio como parte de las actuaciones, sino, que además, es la entidad tomadora del préstamo con el organismo internacional y quien garantiza con fondos del Tesoro de la Nación la financiación del mismo.
- He informado "que los quinientos quince millones de pesos, más los que resulten por redeterminaciones de precios, eso es parte en el convenio y en el crédito; pero es el crédito que la Nación toma con el organismo internacional y no le cuesta a la Provincia”.
- Los denunciantes incurren en un error grosero de derecho al confundir el derecho administrativo que rige las relaciones inter-partes en el contrato de obra pública con la competencia en materia penal, la cual resulta ser improrrogable por acuerdo de partes, art. 18 C.P.P.N.
- Los denunciantes insisten en el supuesto daño al erario provincial manifestando que "no está demás destacar que en el proyecto de Presupuesto, propuesto por el Poder Ejecutivo Provincial para 2015, se prevén partidas por más de 100 millones de pesos que complementan el crédito de la Corporación Andina de Fomento". La afirmación es totalmente falsa, desde el mismo momento en que el Presupuesto para el ejercicio 2015 que fuera remitido por el Poder Ejecutivo ni siquiera fue aprobado a la fecha. Y si así fuese luego, las partidas por más de $100 millones de pesos están destinadas a financiar concretamente obra pública, independiente a la licitada y contratada.