El bloque de diputados provinciales del Frente Cívico y Social (FCS) elevará un pedido de informes al Tribunal de Cuentas (TC) de la provincia para conocer los motivos por los que se aprobaron obras desdobladas en la ejecución del Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC), situado en el ex hotel Sussex, que habría elevado su costo final a $200 millones.
Los legisladores sostienen que el TC deberá informar cuáles fueron los criterios adoptados para dar luz verde a la Secretaría de la Vivienda, que conduce Octavio Gutiérrez, frente a un desdoblamiento de obras por alrededor de $50 millones.
En el transcurso de esta semana la iniciativa será enviada al organismo de contralor que preside Mardonio Díaz Martínez.
Diputados de la oposición insisten en que el desdoblamiento de obras tuvo por único objeto evitar el llamado a licitación pública –lo cual correspondía por el monto de las mismas- a partir de contrataciones directas que realizó la Secretaría de la Vivienda. Y que esas contrataciones deberían haber sido detectadas y frenadas por el Tribunal de Cuentas a partir de las irregularidades que presentaba todo el procedimiento administrativo.
Adjuntarán al pedido de informes, la copia de 84 expedientes en los que, en principio, podrían corroborarse maniobras de tipo fraudulentas. En la documentación aparece la empresa VIALNORT SRL que resultó beneficiada con 40 obras desdobladas por $49.595.902,47. Después le siguen las contrataciones directas efectuadas a Julio Rubén Darío Ríos por 12 obras; AHSA SRL con 7; ONE Construcciones con 7; Víctor Roberto Núñez con 4; Edgardo Filippín con 4; CONSTRUCAT SRL con 3; CATAMORO SRL con 2 y con 1 figuran Plan Constructora, MR Construcciones, Ingeniero Guillou, Hidroconstrucciones SRL y Agrogea SRL.
A su vez, la oposición está recabando información en diferentes organismos del Estado sobre las obras del ex Sussex, ya que los 84 expedientes no serían la totalidad de las contrataciones directas.
Denuncia penal
A mediados de octubre, los diputados Marita Colombo, Pablo Millán, Rubén Herrera, Carmen Verón, Simón Hernández, Verónica Rodríguez y Miguel Vásquez Sastre (FCS) presentaron la denuncia penal contra funcionarios del Gobierno del Frente para la Victoria (FV), que tuvieron participación en la compra del ex hotel Sussex y las obras de refacción del CIIC, para que se investigue un presunto sobreprecio y contrataciones irregulares que habrían elevado el precio final del complejo a unos $200 millones.
En la denuncia penal se advierte sobre la supuesta existencia de un fraude en perjuicio de la Administración Pública, violación de los deberes de funcionario público y otros delitos que resulten de la investigación. También solicitaron que se determinen, a través de la investigación, las responsabilidades de Silvia Alejandra Quinteros (Directora de Administración Contable y Financiera) y Verónica Moya (Tesorera de la Secretaría de Estado de Vivienda y Desarrollo).
Gutiérrez
El secretario de la Vivienda y vicegobernador electo por el Frente para la Victoria (FV), Octavio Gutiérrez, sostuvo que el costo total del Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC) fue de $20 millones. Y desacreditó la denuncia de los legisladores del FCS al señalar que "son todas mentiras" que surgieron como "chicanas políticas” en medio de la campaña política. "El CIIC es una obra emblemática de esta gestión, al que ya fueron 3.000 niños y 1.500 ancianos mayores, que les sirve como un lugar de esparcimiento. En Catamarca no existía ningún lugar como éste", manifestó Gutiérrez en diferentes oportunidades al destacar las obras en el ex Sussex.
