jueves 19 de noviembre de 2026
para la ampliación de la ciudad satélite en el suroeste de la capital

El IPV sumará ocho hectáreas a las 300 del proyecto "Valle Chico"

Existe un convenio con el municipio que está trabado en el CD. Hay diversas críticas a la zona geográfica.

Por Redacción El Ancasti
Hay una nueva polémica por la creación del Valle Chico (o Ciudad Satélite), el ambicioso proyecto del Gobierno de construir 4.000 viviendas sociales del programa Techo Digno. Ahora el Instituto Provincial de la Vivienda busca agregar ocho hectáreas a las 300 que se utilizarán con un convenio que todavía no tiene luz verde de la comisión de Gobierno y Peticiones del Concejo Deliberante de la Capital. Mientras tanto, la obra muestra un avance dispar en su desarrollo, los obreros tienen pagos atrasados, hay obras paradas y la zona, ampliamente criticada, aún es casi inaccesible.

Se demora en el CD capitalino el tratamiento de un acuerdo mediante el cual el Ejecutivo Municipal pretende cederle al IPV otra porción de terreno complementaria a las 300 hectáreas por las que se desembolsaron casi $20.000.000. El acuerdo es discutido por la oposición, que tiene diversos planteos respecto de la zona en la que se emplazó el proyecto.

Es que a los concejales no les convence la idea de construir 4.000 viviendas sociales en un terreno geográficamente inadecuado. El "Valle Chico" se encuentra entre La Quebrada y la cuenca del río Ongolí, hoy sin cauce. Los ediles consideran que esa es una zona de riesgo al considerarla inundable, además de que se encuentra cercana al sitio arqueológico Pueblo Perdido, y se trataría de suelo no urbanizable.

Aparentemente, hay una serie de ordenanzas que fueron derogadas para poder avanzar con la obra. La concejal Liliana Barrionuevo (F3P) trabaja en el tema y es una de las principales opositoras al proyecto. Desde el oficialismo comentaron que "algunos concejales confunden la ubicación de los terrenos".

En paralelo a estas negociaciones, la obra muestra un avance dispar. Mientras algunas empresas están trabajando en los detalles, algunas apenas comenzaron con los cimientos (foto) de las 970 viviendas que se anunciaron en esta primera etapa, y que se espera estén listas entre diciembre de 2014 y febrero de 2015.

También hay otras que no muestran movimiento en sus corralones, cuando hay viviendas sin terminar y con la premisa de ser entregadas a los 270 días corridos luego de su iniciación. Por otra parte, los albañiles, que según la empresa y la categoría cobran entre 18 y 30 pesos la hora, están molestos por algunas demoras en los pagos.
 
Algunos comentaron que se les adeuda la liquidación del último mes y otros llevan una quincena de atraso. El panorama contrasta con los dichos de Dante López Rodríguez, administrador del IPV, quien asegura que los certificados de obra "se pagan a los 5 ó 6 días, aunque la ley establece que tenemos plazo de dos meses".
 
Otro de los interrogantes de la megaobra es la provisión de los servicios públicos. Próximo a cumplirse el décimo cuarto mes del anuncio de Lucía Corpacci, el acceso a la zona es muy dificultoso. El mayor planteo de la oposición en el CD es saber si será posible proveer de agua, gas, y cloacas a una zona en la que aún no se realizó la apertura de calles.

Están licitadas 14 obras preliminares, por las que se invertirán $131.663.283 y aún no se ven avances al respecto.

El proyecto prevé, además de las 4.000 viviendas, la creación de escuelas, un centro de salud, una comisaría, un polideportivo, una Iglesia, áreas comerciales, y alrededor de 1.100.000 m2 de espacios verdes. No hay fecha de finalización definida.

 

 PROYECTO POLÉMICO

El IPV convocó a la licitación de la compra de los terrenos en marzo de 2013. Allí se eligió la oferta del grupo empresarial compuesto por YUCUCO-Comercial El Tala, quienes ofrecieron 300 hectáreas.

El otro oferente, Gualberto Castillo, objetó el proceso y dijo que fue irregular porque se benefició a un grupo de empresas que ofreció un terreno más económico pero sin accesos, vías de comunicación ni servicios. 
En agosto de 2013 concejales del FCS pidieron al Tribunal de Cuentas que intervenga por supuestas irregularidades en la maniobra, que habrían favorecido a los oferentes.

El Tribunal se declaró incompetente y el IPV compró los terrenos en $19.700.000 y licitó obras de servicios por otros $132.663.283.

Distintos profesionales consideran que la zona es no urbanizable.

 

Seguí leyendo

Te Puede Interesar