La diputada Marita Colombo (FCS) dijo que la puesta en vigencia de este tipo de operatoria pone en evidencia el incumplimiento de la Nación en la transferencia de fondos federales. En este marco también planteó las dudas que genera el decreto 521. Puntualizó en la posibilidad de que los avales a las empresas constructoras sean objeto de especulación financiera. También, genera inquietud que la operatoria finalice en dos años, es decir, con la posibilidad de que afecte a otra gestión de gobierno.
"Hay que pedirle a la Nación que cumpla con el envío de fondos
"Nos preocupa la posibilidad de que estos avales terminen en un mercado de especulación financiera, que salgan damnificadas las micropymes de la construcción porque en vez de pagarles el valor del 100% se lo reconozcan por menos valor pero después al Estado se lo reclamen por un valor superior; ese es el leiv motiv de nuestro pedido de informes", explicó la legisladora en diálogo con EL ANCASTI.
"La otra duda es que como es una operatoria a dos años se vaya a generar una deuda pública para las próximas administraciones de Gobierno", definió. "Tampoco sabemos por cuánto será el monto por el que se emitirán estos avales".
"Resulta un mecanismo curioso porque si es el Estado el que contrató las obras es porque tenían un presupuesto asignado. Por otra parte, para el caso de viviendas, surgen de transferencias de fondos federales. Es extraño que la Provincia tenga que salir a avalar un eventual incumplimiento por la transferencia de fondos federales", manifestó. "Entendemos que el Gobierno se vea en esta necesidad pero en todo caso lo que debería hacer es redoblar los esfuerzos para que el Gobierno nacional regularice esas transferencias de fondos y no tengamos que cubrir con fondos provinciales los baches de financiamiento federal".
Por otra parte, Colombo aclaró que el FCS no se opone a garantizar la fluidez de fondos para las empresas de la construcción de las que dependen varias fuentes de trabajo. Sin embargo, consideró que "éste no es el camino, el camino es pedirle a la Nación que cumpla con el envío de fondos federales. Antes le suspendieron los envíos al ex gobernador Eduardo Brizuela del moral y evidentemente lo siguen haciendo ahora", manifestó.
El pedido de informes que iniciaron los diputados Marita Colombo, Víctor Luna, Marisa Nóblega, Gustavo Jalile, Alicia Moreno y Simón Hernández tiene el acompañamiento de las diputadas Stella Maris Buenader y Laura Arrieta (F3P). A través del mismo solicita al Ministerio de Hacienda que remita a la Cámara de Diputados copia íntegra de la reglamentación del Decreto 521/14. Además, que indique y especifique las pautas de factibilidad económica y financiera implementadas para determinar la reglamentación.
Y, por último, requiere que se indique el monto por el que se avalarán certificados de obra durante el ejercicio financiero presente.