Como bien se ha sostenido se trata de un "medio instrumental” idóneo para la tutela preventiva para los derechos de la personalidad, alcanzados por una información considerada inexacta o agraviante (Cifuentes - Fernández). Es un medio para brindar a la comunidad, al ciudadano, "su” versión de los hechos, formulando las aclaraciones, rectificaciones y respuestas pertinentes.
En consecuencia de ello, solo basta que objetivamente la publicación sea inexacta, falsa o agraviante o se exige que aquel que invoca la lesión, pruebe y acredite tales extremos. La doctrina y jurisprudencia se encaminaron, en opiniones encontradas, con sólidos argumentos, debatiendo su regulación positiva.
Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en causa "Petric Domagoj Antonio c/ Diario Página 12”, se inclinó por exigir la prueba y la acreditación de la información inexacta o falsa al actor que la alegaba, en mérito a lo previsto en el Art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que exige que la información sea "inexacta y perjudicial” (del voto de los Dres. Petracci, Bossert y López).
El derecho de réplica ha sido consagrado en las Constituciones provinciales como lo prevé la de Catamarca (Art. 15), Santiago del Estero (Art. 20), Santa Fe (Art. 11) y otras, debiendo resaltar que la Constitución de Tucumán (1990) prohíbe el ejercicio del derecho de réplica y otras, como la de Córdoba (1987), guardan silencio.
La Ley 23.054 aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) consolidado ello con la reforma constitucional de 1994 que le asignó el carácter de Tratado con jerarquía constitucional.
El Art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica consagra expresamente el derecho de réplica, al expresar que "toda persona afectada por información inexacta o agraviante, emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión, tiene derecho a efectuar por el mismo medio de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.
Lo cierto y concreto es que en el país NO SE DICTÓ NINGUNA LEY que regule el derecho de réplica, ya que se presentaron algunos proyectos (Facundo de Subiría, Rafael Biesa, Massolo (1975) y en 1984 Ricardo Laferriere, que, duramente criticados, no fueron sancionados legislativamente.
De allí que antes de la reforma constitucional de 1994 se dividió la doctrina y la jurisprudencia, señalando que lo previsto en el Pacto "solo tenía carácter meramente PROGRAMÁTICO”, insusceptible de aplicación hasta tanto se sancione una ley, pues el mentado Art. 14 dispone "en las condiciones que establezca la ley” y a falta de ley se entendía no operativa. Otros sostenían que la norma era "operativa” y la norma podía ser aplicada sin una ley que reglamente el derecho de réplica.
La Corte Suprema se inclinó mediante fallos a sostener el carácter meramente "programático”, con lo cual se entendía su no incorporación al derecho positivo local, hasta tanto se sancione una ley que reglamente el derecho de réplica, pues el mandato Art. 14 del Pacto dispone su ejercicio en las condiciones que establezca la ley, y a falta de reglamentación excluía su incorporación legal local. (CSJN 1/12/88/ Sánchez Abelenda R. c/ Ed. La Urraca S.A. y otros; Ekmekdjian Miguel A. c/ Neustadt B. y otros fallos dictados bajo aquella posición jurisprudencial). Otros sostenían que, sin reglamentación, la norma del Pacto devenía operativa, aún sin ley que la reglamente, pues se encontraba incorporado en los derechos implícitos del Art. 33 de la C.N. Sobrevino la reforma constitucional de 1994 y le asignó al Pacto supremacía constitucional, sin ley que reglamente el ejercicio del derecho de réplica, con lo cual algunos llegaron a sostener que el derecho de réplica no tendría rango constitucional, inclusive después de la reforma, pues implicaría una derogación de los Art. 14 y 32 de la C.N, cuanto más un cercenamiento indebido a la libertad de prensa.
En el caso "Sánchez Abelenda”, la revista publicó que "el cura Sánchez Abelenda había sido citado a declarar relacionado con un complot contra las autoridades constitucionales; la Corte se inclinó por el carácter programático de lo normado en el Pacto. Luego sobrevino el caso "Ekmekdjian c/ Sofovich, Gerardo”, y allí la Corte cambia el criterio y admite el carácter operativo de la vigencia del derecho de réplica. Luego sobrevino el caso Petric c/Diario Página 12, 1998, donde la Corte acorta el criterio sustentado en el caso anterior y lo restringe en cuanto el interés del afectado debe provenir de lo que da cuenta la noticia.
La reseña doctrinaria y jurisprudencial transcripta resulta necesaria para exponer que en relación con el derecho de réplica, la acción solo persigue que se emita pronunciamiento en sede judicial, declarando que la información difundida por el medio de prensa es inexacta.
El caso de Editorial Capayán S.A.
Concretamente, en el caso de la sentencia local en contra de Editorial Capayán S.A., entiendo, al menos por lo publicado, que la nota periodística motivadora de la acción de réplica refería a decretos del Poder Ejecutivo local, que la autorizaban a viajar a la funcionaria al exterior, con lo cual la versión periodística no es ni falsa, ni inexacta, ni lesiona derechos personalísimos; el derecho personalísimo supuestamente afectado admitiría la réplica, si la "información” periodística del diario resultaba falsa y como no lo es, debe lamentarse el pronunciamiento judicial, pues escapa a toda lógica y se dirige impiadosamente apartándose de las previsiones doctrinarias y jurisprudenciales que fijan expresamente las condiciones y requisitos de la admisión de la acción de réplica.
Entendiendo que el pronunciamiento solo aniquila la libertad de prensa, más entendiendo que debe formularse seria reparación al decisorio, ya que se instala como lesivo de los Arts. 14 y 32 de la Constitución nacional, atentatorio de la libertad de prensa, ya que lo publicado refiere a Decretos del Poder Ejecutivo local (84 y 85 del año 2008) que autorizaban a la funcionaria a viajar al exterior y tal aseveración no es falsa y ninguna lesión a derechos personalísimos irroga cuando lo publicado es la verdad.
Si bien la Cámara de Apelaciones corrigió y circunscribió el fallo de primera instancia, el pronunciamiento de aquella se instala como desproporcionado, desmedido acogiendo la pretensión del quejoso, sin advertir que la ecuanimidad, la razonabilidad, la equidad, lo justo y proporcionado requería una sensata valoración de lo ya publicado por el periódico, que reconociendo el error, en publicaciones anteriores al decisorio judicial corrigió la noticia.
Con lo cual no se advierte razonablemente que se obligue a "publicar” lo "publicado”, dando cabida a la réplica, cuando este diario dio cabida periodística admitiendo el desacierto, no obstante lo cual, con obsesión e indisimulada obstinación, la Justicia de Catamarca "obliga a publicar lo ya publicado” (en "tapa”, con foto, etc.), sin advertir que en publicaciones anteriores y sin necesidad de pronunciamiento judicial, se había reparado lo publicado, con lo cual la materia propia del derecho de réplica, su naturaleza jurídica, había quedado satisfecha con la rectificación del diario.
Los señores jueces intervinientes en el proceso no advierten, ni valoran razonablemente, que resultando cierta y veraz la noticia en relación con que el Poder Ejecutivo emitió decretos autorizando el viaje de la funcionaria al exterior, solo quedaba como materia a publicar -por lo inexacta- que "la funcionaria no viajó”, circunstancia ésta que el diario publicó con anterioridad al pronunciamiento judicial.
En otros términos, lo pendiente y motivador de réplica, quedaba circunscripto a que se informe que la "funcionaria no viajó” y tal circunstancia fue aclarada en publicaciones de este diario.
En consecuencia, lo "inexacto” fue corregido, con lo cual el pronunciamiento se inscribe como excesivo y desnaturaliza el derecho de replica, ya que se manda a publicar lo que ya publicó por este Diario.
Propongo en consecuencia que la cuestión deba ser debatida académicamente, incluso en los claustros de la Universidad local, con invitación al Colegio de Abogados, juristas nacionales y público en general, pues del modo en que la Justicia de Catamarca resolvió el caso importa un precedente nocivo para la democracia.
Gustavo Martínez Azar
Abogado