En la sesión del CD capitalino está previsto que se trate para su aprobación el proyecto de ordenanza sobre la creación del Registro Único de Asistencia Social (RUAS). La propuesta de la concejal Liliana Barrionuevo (F3P) se instalaría como un contralor de los subsidios que se otorgan en el ámbito de la ciudad Capital. El despacho de la comisión de Gobierno y Peticiones incluye en su articulado la posibilidad de que el Ejecutivo Municipal firme acuerdos para extender el registro al Ejecutivo Provincial y al Poder Legislativo.
El propósito del RUAS será "informar los actos de gobierno relacionados con la entrega de asistencia social o transferencias al sector privado o terceros que impliquen disposiciones de recursos del erario municipal".
Desde el comienzo, la ordenanza apuntaba exclusivamente al ámbito de la Capital, pero en común acuerdo con los integrantes de la comisión de Gobierno, se decidió incluir un artículo mediante el cual se faculte al Ejecutivo Municipal a firmar convenios con el Gobierno Provincial y con las cámaras de Diputados y Senadores para que el RUAS se haga extensivo también a esos niveles.
En los fundamentos, la concejal Barrionuevo considera que toda asistencia social o transferencia debe ser registrada en el RUAS, destacando el tipo de ayuda, su monto, los datos personales del beneficiario y en caso de que sea una persona jurídica el número de CUIT.
Respecto a las ayudas económicas, el RUAS especifica que "el beneficiario no podrá recibir nuevamente asistencia similar por parte del Municipio y del Concejo Deliberante durante un plazo no inferior a 90 días corridos", por lo que al momento de otorgar un subsidio se deberá corroborar que en los tres meses anteriores el mismo beneficiario no figure en el registro.
De esta manera, el Ejecutivo Municipal tendrá a su disposición una herramienta para controlar los subsidios que se distribuyan a la comuna, y así se solucionaría la situación que denunció el director de Asistencia Social Directa de la Municipalidad, Gustavo Ferreyra, quien había sido crítico con aquellos que realizan manifestaciones frente al Palacio Municipal al decir que "algunos ya recibieron ayuda tres veces en lo que va del año".
En sus argumentos, el proyecto señala que los fondos que maneja el Estado "pertenecen a la sociedad y por lo tanto los gobernantes deben informar a los ciudadanos cómo utilizan los recursos que les fueron transferidos".
"Como órgano de control de los actos de Gobierno debemos garantizar que los recursos destinados a la asistencia social lleguen a los más necesitados de la misma forma y con igualdad de oportunidades", reza el documento.
La iniciativa de Barrionuevo tomó estado público luego de que el intendente Raúl Jalil anunciara que buscaba declarar la Emergencia Social en la Capital. "Tenemos que terminar con los vivos de siempre que solo piden por costumbre", había dicho la concejal e hizo referencia a un "Estado dadivoso".
"Si bien el Ejecutivo Provincial, siguiendo el lineamiento nacional, entrega planes sociales para ayudar a los más necesitados, estos planes no están controlados y terminan siendo solo dádivas. Entregan un plan de 500 pesos pero 150 van para el puntero político, y esto pasa porque no hay controles serios. Es un Estado dadivoso y esto le hace mucho mal a toda la sociedad", había dicho la concejal.
El proyecto tomó estado parlamentario en la sesión del 5 de junio, es decir que tendrá luz verde antes de que se cumplan los dos meses.