viernes 20 de noviembre de 2026
EL ORGANISMO DISPUSO EL INICIO DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO

El TC confirmó irregularidades en la obra de El Portezuelo

En la resolución dispone determinar quiénes fueron los funcionarios responsables de la obra y el posible daño ocasionado al Estado.

Por Redacción El Ancasti
El Tribunal de Cuentas dispuso la instrucción de un sumario administrativo de responsabilidad en el ámbito del Ministerio de Servicios Públicos contra los agentes y/o funcionarios que intervinieron en la construcción de una línea de media tensión en la Cuesta del Portezuelo, con el fin de determinar sus responsables y el posible daño ocasionado a la hacienda pública.

En la argumentación advierte que no correspondería autorizar un cambio de traza, tal como lo proponía la contratista Gabiola.

La decisión de la conducción del organismo de realizar el sumario es porque hace pocos días había finalizado la auditoría por objetivo que detectó diversas irregularidades, varias de ellas ya habían sido anticipadas por EL ANCASTI. Ante esa situación, el TC consideró que es necesario profundizar la investigación.

La resolución manifiesta que la urgencia invocada para incluir la obra en el marco de la ley de Emergencia de Servicios Públicos no era "concreta, inmediata y probada”, por lo que resultaría inadecuada la inclusión de la obra en el marco de la ley de Emergencia de Servicios Públicos Nº 5353. "Se trata de una obra que tenía por objeto reemplazar la línea de 13,2 kw ya existente, que se encontraba en malas condiciones y a los fines de dotar de energía a las antenas de televisión satelital. No se contribuye a superar la emergencia de los servicios sino que se busca dotar de energía a usuarios particulares", argumenta la resolución del TC.

Advierte que las limitaciones en los estudios previos habrían impactado de manera directa en el proyecto ejecutivo y sus componentes. Enfatiza que los estudios previos resultaron insuficientes en todos sus aspectos.
Señala que para realizar la obra era "condición ineludible" poner en conocimiento de la autoridad de aplicación para preservar el sitio como patrimonio cultural e histórico, lo que habría sido obviado. "No se habrían efectuado análisis de impactos ambientales de la obra de manera previa a la ejecución”. "En el caso de la traza, según pliegos licitatorios, no se habría realizado ningún tipo de análisis ambiental, mientras que en la traza nueva se constata un análisis posterior presentado por la contratante”. Agrega que del relevamiento fotográfico surge que "se habría constatado impacto visual de la línea de media tensión en diversos grados, en partes de su traza”.
Además, no se encontraría acreditada en la documentación analizada la existencia de estudios preliminares (planialtimetría, estudios de suelo, estudios de impacto ambiental) para la traza original propuesta en pliegos.
Más adelante, manifiesta que no se habría cumplido al inicio de la obra con requisitos de ejecución: plan de trabajos real, cronograma de obra, proyecto ejecutivo, documentación principal como la nómina de empleados y parque automotor como tampoco se habrían solicitado los permisos necesarios para la ejecución. En este caso se trata de Vialidad y de la Municipalidad de Valle Viejo.

La auditoría por objetivo habría determinado una responsabilidad compartida entre el Ministerio de Servicios Públicos que mandó a ejecutar una obra sin los estudios preliminares ni la documentación gráfica mínima, y la contratista, la empresa Gabiola, que "no podría aducir ignorancia de las dificultades técnicas y de ejecución que representaba la obra y debía ejecutar los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin”. Recuerda que la obra fue cuestionada judicialmente y dependiendo de la resolución judicial que de ello emerja se podrían verificar daños a la hacienda pública. "Se podrían verificar daños al patrimonio estatal, cuantificables según el alcance de la medida judicial".

En esta línea, remarca que a la fecha de la paralización de las obras, el Estado había erogado $ 2.137.599.
En otro punto, hace hincapié en la falta de permiso que debía haber sido otorgado por la Secretaría de Ambiente.
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