El bloque de diputados del Frente Cívico y Social emitió un comunicado en el que dio su apoyo al intendente de Tapso, Jorge Coronel. El jefe comunal fue imputado por "hurto", luego que la empresa distribuidora de energía EC SAPEM lo denunciara por robar electricidad.
Los diputados señalaron que el intendente es "víctima de una persecución" por parte del Gobierno, que ya afectó a otros jefes comunales radicales.
La investigación judicial tuvo su origen en agosto, luego de la denuncia radicada por la empresa, en la que señalaba que el municipio a cargo de Coronel estaba conectado clandestinamente.
La denuncia recaló en la Unidad Fiscal de Delitos Criminales, que quedó a cargo de la investigación.
Según las pruebas presentadas por la empresa, el 31 de julio detectaron en el edificio comunal "una conexión directa bifásica hecha con cable TPR de 6 mm color negro, con carga en una fase de 0 amperes y en la otra 8 amperes de carga instantánea". Posteriormente, Coronel se había presentado espontáneamente ante la Justicia para tomar conocimiento de la causa. En la oportunidad, había dicho que "se trata de una persecución política por decir la verdad".
En el comunicado, los legisladores opositores señalaron que "la denuncia presentada desde la EC SAPEM ha sido arteramente pergeñada por sus directivos con propósito de sembrar un manto de sospechas respecto de un intendente que integra el FCS".
Los legisladores negaron las acusaciones contra el intendente, al indicar que el municipio de Tapso "realizó una serie de inversiones por más de 400.000 pesos en obras de infraestructura de electrificación, que en virtud de un convenio vigente se reintegrará al Municipio a través de cancelación de facturas de energía".
Por otra parte, señalan que "no es la primera vez que se consuman maniobras persecutorias contra intendentes radicales". En ese sentido, recuerdan "la arbitraria clausura dispuesta por la Dirección de Inspección Laboral del edificio donde funciona el Municipio de Ancasti en febrero de 2013". Y "la interrupción de la ejecución de la obra de cloacas en Fiambalá, pese a que el costo es financiado con fondos nacionales, en un claro despliegue discriminatorio en perjuicio de un municipio conducido por la fuerza política ajena al oficialismo provincial".
Finalmente, señalan que "las acciones vinculadas a poner los organismos y las empresas del Estado en pos de consumar maniobras persecutorias contra la ciudadanía y los referentes de la opinión política, se inscriben en un claro proceder autoritario donde la estructura estatal se confunde con el partido gobernante".
