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Luz verde del TC para que el IPV compre 300 hectáreas para viviendas

El organismo de control admitió que existieron omisiones y transgresiones. Pero priorizó el fin social de la licitación.
2 de julio de 2013 - 00:00
El Tribunal de Cuentas le dio luz verde al expediente que había iniciado el Instituto Provincial de la Vivienda para la adquisición de terrenos en Capital. En el dictamen de pre-adjudicación, el IPV había optado por la oferta presentada por Yucuco SA, Comercial El Tala SRL; Antonio Guillermo Villafáñez y Pablo Augusto Acevedo por la suma de 19.700.000. El organismo decidió devolver el expediente al IPV para que continúe con la licitación que había quedado sujeta al dictamen del Tribunal.



El presidente del Tribunal de Cuentas, Mardonio Díaz Martínez, y el vocal Víctor Villarroel coincidieron en el voto al argumentar que los informes del área Auditoría de Control de Actuaciones y el de la Unidad de Auditoría en Obras Públicas formularon advertencias por transgresiones u omisiones. Sin embargo, consideraron que se trata de omisiones que pueden ser corregidas previo a la firma del contrato o durante la sustanciación del mismo. El criterio del organismo fue que el acto de control no podía paralizar un acto administrativo que tiene por objetivo un fin social como la construcción de viviendas sociales. La disidencia fue de la otra vocal del Tribunal, Laura Corletti de Miranda.



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En la argumentación, Díaz Martínez se refiere a la justicia social que remite directamente al derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Al considerar que no corresponde observar el acto administrativo admite que sin perjuicio de ello, corresponde realizar un seguimiento del desenvolvimiento de la administración en el sentido de corregir las advertencias formuladas por los técnicos de este Tribunal y quedando bajo exclusiva responsabilidad de los funcionarios actuantes.



En esta misma línea Villarroel hizo hincapié en el carácter social del objeto de la licitación y resalta la función finalista que le cabe al Estado en la procura del bien común. Es por ello que coincide en devolver las actuaciones al IPV para que, cumplido el trámite de la licitación, la actuaciones sean devueltas al Tribunal de Cuentas para que proceda la evaluación de los aspectos que habiendo sido señalados como transgresiones u omisiones susceptibles de generar daño al patrimonio del Estado deban someterse a su competencia y jurisdicción y en caso de corresponder se dispongan las medidas procesales correspondientes.



Corletti planteó su objeción a la participación de Pablo Acevedo como oferente, ya que se desempeña como agente de la Administración General de Juegos y Seguros. Es que la ley de Obras Públicas establece que la Administración deberá rechazar toda propuesta en la que se compruebe que provengan de empresas o firmas de las que formen parte asesores, directores, legisladores, funcionarios o empleados de la Provincia. Sin embargo, otro antecedente jurídico que existe en el organismo determina que no existe incompatibilidad en función con otra legislación.

Una licitación polémica

En marzo de este año, el IPV había convocado a una licitación con el objeto de comprar terrenos en la Capital para la construcción de viviendas. Se exigía que tengan una superficie mínima de 5 hectáreas.



Se presentaron dos ofertas. Uno de los oferentes fue el grupo integrado por Yucuco SA, Comercial El Tala, Antonio Guillermo Villafáñez que ofertaron una propiedad de 300 hectáreas, localizada al sur de la zona conocida como La Estancita, limitada por el río Ongolí por $ 19.700.000.



La otra oferta fue de Gualberto Eduardo Castillo por 28 hectáreas en la zona sur de la ciudad.



A través de una resolución, el IPV dispuso preadjudicar al grupo empresario. El otro oferente cuestionó el criterio de la conveniencia económica para comprar las tierras a través de un recurso de reconsideración. Argumentó que la zona no tenía vías de acceso ni servicios.



Fundamentaba que el IPV no había considerado el costo que tendría las obras civiles y de nexo de los servicios de electricidad, agua potable y cloacas que deberán ejecutarse antes de construir viviendas. Luego, surgieron objeciones diversas por la intención del Gobierno de concentrar más de 4.000 viviendas en la zona. Pero la Gobernadora defendió el proyecto.





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