Las declaraciones de Gutiérrez están en consonancia con la resolución tomada por la gobernadora Lucía Corpacci, quien el pasado viernes aseguró que, pese a comprender las necesidades habitacionales de un sector de la sociedad catamarqueña, el Gobierno no puede convalidar que la constante sea la extorsión y la amenaza.
También el secretario de Gabinete, Fidel Sáenz, advirtió que el Gobierno no iba a aceptar este tipo de presiones.
El asesor del Ministerio de Gobierno, Nicolás Verón, que venía sosteniendo conversaciones telefónicas con los usurpadores, fue el primero en advertir que si no se retiraban del lugar hasta el pasado jueves se cortaba todo tipo de diálogo. Y es lo que finalmente sucedió.
